In memoriam: A Sara Aragoneses Martínez, digna
hija del también fallecido Pedro Aragoneses Alonso, ambos ilustres
profesores de derecho procesal de la Universidad Complutense.

 

IMPROPONIBLE

            Este escribidor estuvo haciendo una pesquisa en el DRAE sobre la extraña palabreja y resulta que no existe registrada en ese diccionario de habla hispana; pero tuvo a su vista la opinión del profesor Alexis Márquez Rodríguez[1], académico de la Lengua que, en 2007, tuvo la iniciativa de hacer una investigación a fondo de “improponible”.
 
Según Márquez, se trataba de un neologismo que vino a ser incorporado al derecho venezolano por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC-TSJ”); aunque él mismo lo estima como un solemne disparate.
 
En efecto, la SC-TSJ, al contrario de lo que dispone el ordenamiento jurídico en cuanto a admitir o inadmitir una demanda, ha venido optando en los últimos años por una nueva e inventada vía cuando quiere desprenderse del conocimiento de alguna acción, y para ello acudió  a la creatividad para darle vida a la “impropinabilidad” y, de esa manera, desechar las incómodas peticiones de  algún osado demandante.
 
Márquez opinaba lingüísticamente que “La admisibilidad o inadmisibilidad de una demanda es un acto del tribunal, independiente del acto de “demandar”, que corresponde al demandante, y sólo depende de la voluntad de este […] Es, además, un derecho ciudadano, que no puede ser coartado […] El que la demanda sea declarada “inadmisible”, y aun que sea temeraria, es otra cosa, y deja en vigor el derecho ejercido por el demandante”.
         
Por otra parte, el distinguido académico sostuvo en su día que la “improponibilidad” es lógicamente inexistente. Lo “improponible” es lo que no se puede proponer. Y se preguntaba:
 
¿Cómo puede, entonces, ser “improponible” lo que ya ha sido propuesto? ¿Puede alguno
de los ilustres magistrados explicarnos esta verdadera aporía?
 
Tenía razón el acucioso profesor en su análisis sobre el uso de la “improponibilidad” en el derecho venezolano por no estar contemplada en su ordenamiento procesal, pero resulta que el derecho procesal iberoamericano la ha incorporado -neologismo jurídico?-  considerándola como “la doctrina que analiza aquellas situaciones en las que no se configuran las condiciones para el ejercicio de la acción (legitimación de las partes, interés y vigencia) y se menciona a la demanda «objetivamente improponible«, lo que presupone un examen en abstracto y anticipado del caso, mediante el cual el juez avanza sobre las condiciones de fundamentación o procedencia de la pretensión y evalúa su viabilidad anticipada.
 
Pasará el tiempo y veremos al comentado término incorporado al derecho procesal venezolano no por obra de sumisos magistrados y jueces para deshacerse de incómodos casos sino cuando se den los presupuestos de “inapropibilidad”; pero lo que no es admisible es que la Fiscal General dela República la utilice a su antojo para negar la posibilidad de que exPresidentes extranjeros participen en la defensa de un dirigente político opositor.
 

LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA VISTA POR MONTANER

Suena redundante volver a mencionar a la corrupción administrativa, pero se ha hecho tan cotidiana -y lo más grave, normal- que la vemos florecer en todos lados, particularmente en las Américas, como ha afirmado en estos días Carlos Alberto Montaner en “La corrupción y sus tres enormes daños”.
 
A simple vista, pareciera que es un hecho que involucra a alguno o algunos que, aprovechando sus posiciones en el poder o a través de los “contactos”-, llegan a hacerse de ciertas sumas de dinero mediante las llamadas “comisiones”, “honorarios”, “finder fees”, que hacen que aquel o aquellos pasen a mejor fortuna, dejando atrás el barrio que les vio nacer y al cual no quieren volver ni por el menor asomo porque ahora viven las mejores urbanizaciones de las ciudades, o se han trasladado a las más importantes capitales de Europa y de los Estados Unidos, donde disfrutan de su nuevo status sin estar sometidos al “escarnio” y persecución de los medios.
 
Pero resulta que el asunto va más allá del enriquecimiento súbito de unos pocos porque, como cuenta Montaner, publicado en el portal La Patilla del 27 de abril, pues con fundamento en Transparencia Internacional dice que si bien la corrupción en Venezuela es mayor, y la de Argentina no anda muy lejos, a juzgar por lo que acontece en Chile, Brasil y Cuba, parece un mal endémico hispanoamericano. “El continente, con pocas excepciones, es una pocilga […]”, según el autor, agregando que la corrupción “[…] está en el ADN de América Latina y en el de las tres cuartas partes del planeta”.
 
A continuación, expone Montaner tres efectos, para él esenciales, que produce la
corrupción:
 
Primero, pudre la premisa esencial del Estado de Derecho desmintiendo el principio de que todos están sujetos a la autoridad de la ley. Si el político o el funcionario roban impunemente, o reciben coimas por otorgar favores, ¿por qué el ciudadano común va a pagar impuestos? ¿Qué le impide mentir o hacer trampas?
 
Segundo, adultera y encarece todo el proceso económico. La economía de mercado está basada en la libre competencia. Se presume que los bienes y servicios compiten en precio y calidad. Es el consumidor final el que decide cuál empresa pierde o gana. Cuando un político o un funcionario favorecen a una empresa a cambio de una comisión, esta operación  non  sancta fuerza al consumidor a seleccionar una opción peor y más cara, dado que el costo de la corrupción se agrega a los precios. Por otra parte, la corrupción elimina los incentivos para innovar y mejorar la calidad de lo ofertado, mientras reduce notablemente la productividad, que es la base del crecimiento.        
 
Tercero, destroza la estructura ideal de la meritocracia a que debe aspirar toda
sociedad sana. Debilita la pasión por estudiar y frena el impulso de los emprendedores.
 
Entonces, Montaner formula las siguientes preguntas que, aunque parezcan anecdóticas, tienen un gran contenido:
 
¿Qué sentido tiene quemarse las pestañas estudiando cuando, para enriquecerse, basta pasarle un sobre bajo la mesa a un funcionario corrupto?. ¿Para qué sudar y penar en el esfuerzo por crear una empresa exitosa, si para lograr el triunfo económico basta una combinación entre las relaciones personales y la falta de escrúpulos?
 
En fin, el tema es interminable mientras existan las posibilidades de evadir las normas de transparencia administrativa y los países carezcan de instituciones serias como un sistema judicial capaz de juzgar a los corruptos sin estar sujetos a presiones externas. No es fácil porque un juez es un ser humano que puede ser sujeto de toda clase de presión como la de amenazas de muerte para él o sus familiares, como lo han expuesto los films acerca de la mafia o sobre los “narcos” colombianos.
 
Será necesaria una legislación internacional distinta como para que, en lugar de enjuiciar a los corruptos, se logre a través del sistema judicial medidas cautelares para proteger los capitales obtenidos ilegalmente por aquellos y devolverlos a las instituciones afectadas o a las víctimas en cada país?.
 
La respuesta afirmativa se impone, pero no se trata solamente de un problema de represión de la corrupción utilizando mecanismos internacionales puesto que es un tema que requiere de medidas de prevención, que atañe a políticas públicas transparentes y organismos de supervisión y de monitoreo. En efecto, indicadores analizados en un estudio conjunto de Transparencia Internacional y el del Banco Mundial revela que Uruguay mantuvo a lo largo de los años una posición favorable a nivel mundial y siempre liderando a los países de la región. «Las políticas públicas deben ser monitoreadas y evaluadas. El país hace un esfuerzo por sostener múltiples órganos de control de la corrupción y está teniendo éxito», según comentó un analista durante la presentación del informe en fecha reciente.
 

LAS ALTAS TEMPERATURAS: TAPAR EL SOL CON UN DEDO

Esta antigua metáfora se utiliza cuando alguien intenta ocultar una realidad indiscutiblemente visible a los ojos de todos con algo que lo oculta pero sin eliminar su existencia. Lo que se desea ocultar, por más que se haga lo imposible, siempre sale a flote, a corto plazo o más adelante.
 
Desde el punto de vista práctico, si este escribidor retira el dedo que ha usado para
tapar el sol, lo primero que observará será su propia ceguera ante el reflejo de los rayos solares y, paulatinamente, comenzará a adaptar su visión y verá que el astro fuego sigue allí. 
Sin embargo, habrá otros que no consiguen ver más que sombras sin alcanzar a distinguir la realidad, y finalmente están aquellos que se benefician primero de poder verla en su totalidad y si hay algún interés en mantener su nebulosidad, siempre habrá quién le o les anime a que se mantengan en la visión distorsionada, a la sombra, sin desvelar la verdad.
 
Por lo tanto, querer ocultar el sol con un dedo es sólo un juego que tarde o temprano concluirá, porque el sol es dinámico y rápido en su movimiento y porque aparece también cuando menos se le espera detrás de nubes o chaparrones.
 
Toda esta explicación tiene que ver con el reciente anuncio de las autoridades según el cual la administración pública reducirá su horario de atención al público debido a “las altas temperaturas”, lo que prima facie hace `pensar que lo que se busca con  la medida es aliviar las incomodidades que el calor extremo puede ocasionar a los funcionarios públicos, cuando en realidad lo que se pretende es reducir el consumo de electricidad.
 
Y es que lo que se hecho con el comentado anuncio es tapar el sol con un dedo porque los autores de la medida están plenamente conscientes de que la causa no es el agobiante calor que está azotando a la región, sino  la crisis crónica del sector eléctrico venezolano que impide atender la creciente demanda al no haberse acometido las medidas necesarias para el desarrollo de esa industria, como lo vienen ellos mismos diciendo desde principios del siglo XXI, cuando anunciaron la “emergencia eléctrica”, la cual quedó reducida a la retórica y a espacios publicitarios de inventadas inversiones y jugosos negocios.
 
Y disfrazar esa lamentable situación con oleadas de altas temperaturas es tapar
el sol con un dedo!

LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO: UNA FALACIA

De acuerdo al DRAE, la falacia tiene dos significados: 1. f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien; y 2. f. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno; y partiendo de esta palabra, este escribidor se topó con un interesante artículo del p. Francisco José Virtuoso s. j., preparado con motivo de su salutación a los trabajadores en la fecha del Día Internacional de los Trabajadores y del movimiento obrero mundial.
 
Comienza Virtuoso con una referencia y un claro análisis sobre las cifras de desempleo en Venezuela, basándose en los datos sobre la realidad del empleo en Venezuela ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2014 que revelan que la tasa de desempleo en el país para finales de ese año se ubicaba en 7%, lo cual coincide con los datos oficiales de la Encuesta de Hogares por Muestreo del INE para el primer semestre del período.
 
Sin embargo, Virtuoso expone que esta tasa de desocupación a nivel nacional no luce alta, sin embargo, es conveniente resaltar que esta tasa es una medida que muestra solamente el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, de manera que no da cuenta de otras realidades del mercado laboral venezolano. Y es allí donde nace la falacia.
 
En efecto, como revela el estudio Encovi que comenta el articulista, cuando se discrimina por grupos de edad, se tiene que 2 de cada 4 jóvenes entre 15 y 24 años buscan empleo sin éxito, lo que significa que entre los jóvenes la desocupación es más de tres veces el promedio nacional. Al mismo tiempo, el 65% de estos jóvenes que buscan empleo dejó los estudios antes de cumplir 15 años alegando buena parte que no quiso seguir estudiando o que necesitan comenzar a trabajar.
 
Por otra parte, el 8% de los trabajadores son “subocupados por razones de mercado”, lo que significa que tienen una jornada laboral incompleta (menos de 35 horas
semanales) y desean trabajar más horas a la semana. Un 24% de los trabajadores sufre de lo que se conoce como “subempleo invisible”, es decir, trabajadores con una jornada superior a 35 horas semanales y con un salario inferior o igual al sueldo mínimo de referencia. El 33% de los ocupados tienen “condiciones críticas de ocupación” lo que se traduce en un desequilibrio entre la jornada de trabajo (más de 48 horas semanales) y el ingreso (cuando no supera los dos salarios mínimos).
 
Por otro lado, se revela que buena parte de la masa laboral carece de una contratación fija (60%), más de la mitad de la población ocupada no tiene los beneficios mínimos establecidos en la ley y solamente el 20% está afiliado a algún sindicato.
 
Y la falacia queda al descubierto cuando, para justificar la baja tasa de
desempleo se acude a la cifra del desempleo abierto, como lo afirma  Virtuoso en sus conclusiones:
 
Ampararse detrás de la cifra del 7% de desempleo abierto es un engaño”; y lo es porque cualquier desprevenido lector puede entender que ese porcentaje da cuenta de una baja tasa de paro cuando en realidad la lectura debe hacerse en términos más complejos como los que trae el informe comentado por el respetado jesuita que son los que revelan la certeza  de las tasas de desempleo.

Referencias:

[1] Esta reflexión fue redactada antes del lamentable fallecimiento de Alexis Márquez Rodríguez. 

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