A Alain Coriat, abogado y agente de la propiedad intelectual, un señor a carta cabal  y buen  amigo que hizo de Venezuela su patria. In memoriam.
 
CRISIS HUMANITARIA
 
El artículo 83 de la Constitución de 1999, dice que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida […]”; y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa:
 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.
 
De acuerdo a estos principios, y a otros de rango constitucional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado debe garantizar:
1.     Disponibilidad: debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud.
2.    Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales.
3.  Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna.  
 

No obstante, informan los medios (http://efectococuyo.com/principales/murio-el-nino-oliver-sanchez-tras-luchar-por-conseguir-medicinas-para-su-tratamiento) que en la tarde del pasado martes 24 de mayo falleció un niño de 8 años de edad, diagnosticado de un linfoma desde hacía más de un año.

Se tuvo conocimiento de su existencia y de la enfermedad que le afectaba cuando resultó fotografiado portando un cartel que decía  “Quiero curarme, paz y salud”, y lo exponía en medio de una protesta por falta de medicinas en la que él participaba con su madre porque era todo un “calvario” conseguir los medicamentos apropiados.

La imagen de Oliver –así se llamaba esta inocente criatura- en aquel momento se volvió viral en las redes, como ahora ha sucedido pero para trasladar la triste noticia de su fallecimiento en una clínica privada porque en el centro hospitalario público donde se le trataba no había camas disponibles en el área de terapia intensiva.

No es la primera vez que un niño fallece como consecuencia de la crisis de la salud, o sea, por falta de medicinas o por deficiencias en el sistema hospitalario, pues los medios dan cuenta de que un pequeño de tres años falleció en diciembre por falta de Cardioxane, usado para proteger el corazón de los efectos de la quimioterapia. Otro murió en febrero, tras convulsionar durante cinco días por falta de Lamotrigina.  A principios de marzo de este año, una niña marabina falleció mientras esperaba un trasplante de médula ósea.

Estas lamentables pérdidas de vida de infantes, y también las de adultos por las mismas razones,  revelan la existencia de una crisis humanitaria aunque las autoridades quieran “tapar el sol con un dedo”; y ello, como usted podrá imaginarse amable lector, engendra responsabilidades de todo tipo. Descansen en paz las víctimas de la crisis humanitaria.

 
UN PANORAMA SIN JUSTICIA
 
El editorial del boletín 275 de AIPOP expresaba que ”[…] ha sido a través de la aplicación del colaboracionismo que se ha dado paso a la colusión de los Poderes del Estado para que dóciles magistrados del TSJ vengan dictando desde hace años  innumerables decisiones bajo el sino de los sistemas dictatoriales según la cual “gobierno no pierde demandas”, lo que se puesto aún más de relieve con las sentencias dictadas por la SC-TSJ a instancias del Poder Ejecutivo al sumisamente declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional instalada el 6 de enero de 2016”.
 
De esta manera, puede decirse que, a través del colaboracionismo de poderes, se ha puesto término a la independencia judicial y, por tanto, eliminado el derecho de acceso de todo ciudadano a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, al no garantizarle el Estado una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como dispone el artículo 26 de la Constitución de 1999.
 
Este estado de ausencia de justicia nos hace recordar a San Agustín de Hipona cuando en “La Ciudad de Dios (Libro IV, Cap. 4), se preguntaba:
 
Si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda.
 
Las palabras del “Doctor de la Gracia” y máximo pensador del cristianismo del primer milenio, son más que elocuentes para dibujar el terrible panorama de un país sin justicia, por lo que el santo complementa su aserto con el siguiente diálogo:
 
Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador.        
(Publicado en el
Boletín AIPOP No. 279 de 15 de mayo de 2016)
 
EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN FRONTERIZO
 
Un reportaje periodístico (http://www.lapatilla.com/site/2016/05/18/en-maicao-si-hay-como-la-frontera-esta-cerrada-los-productos-venezolanos-pasan-por-las-trochas-fotos-y-video/) da cuenta de que a la goajira población colombiana de Maicao llegan los productos venezolanos que pasan por las trochas en vista del cierre oficial fronterizo ordenado por el Presidente de la República para supuestamente atacar el contrabando y los grupos paramilitares que operan en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Venezuela y Colombia.
 
El resultado del reportaje es que en el “Mercado de las pulgas” de esa población fronteriza usted, amable lector, podrá conseguir toda clase de productos fabricados en Venezuela, tales como cerveza, leche en polvo, desodorantes y detergentes, a lo que se suman bebidas achocolatadas, queso fundido, crema de arroz, cereales, leche condensada, atún, jamón endiablado, adobo, vinagre, mostaza, salsas para condimentar carnes, salsa de tomate, avena en hojuelas, galletas, bebidas en polvo, suplementos vitamínicos en jarabe, yogurt, pepitonas, salsa de soya, salsa inglesa, pasta, chicha en polvo, detergente en polvo para cocina, jabón en polvo para ropa (varias presentaciones), destapa cañerías, aceite comestible, mermeladas, salsa barbecue, guasacaca picante, lavaplatos en crema, jabón de uso íntimo, desinfectante, suavizante de ropa, champú (varias marcas), acondicionador de cabello, enjuague bucal, jabón de tocador, toallas sanitarias, pañales, talco, afeitadoras y repuestos, crema dental, gelatina para cabello, cremas humectantes, protector solar, ambientadores en spray, cloro, toallas húmedas, colonia de bebés, insecticida, limpiador en spray, cremas humectantes, alimento concentrado para perros, toallas clínicas, huevos, camarones, queso, carne, guisantes enlatados y sardinas.
 
Como se observa, el fin perseguido por el gobierno de controlar el contrabando de extracción fronterizo ha sido un fiasco porque los contrabandistas siguen haciendo de las suyas, a lo que habría que agregar el contrabandeo de gasolina y hasta de medicinas; pero lo más asombroso es que esos productos extraídos no se quedan en el este colombiano, sino que son trasladados a otras regiones del país, como pudo comprobarlo este escribidor en una turística visita al popular mercado bogotano conocido como “San Andresito del Norte”, donde se puede adquirir una caja de la popular galleta fabricada por la conocida transnacional suiza al precio de $Co 16.000 (US$ 5.50 aproximadamente).
 

SOBRE LAS BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA Y EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO ROMANO

En una reflexión titulada BUENAS NOTICIAS PARA EL HABLA HISPANA, inserta en las REFLEXIONES A PRIMEROS DE MAYO 2016, decía este escribidor que en la XVIII Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de abril en Asunción, Paraguay, los delegaciones de magistrados y jueces presentes en el evento acordaron que las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes sean eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de  esa organización para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos; y concluía diciendo que si las recapitulaciones lexicográficas y los diccionarios pretenden unificar criterios y definir patrones, en el ámbito del Derecho la función de precisión conceptual es más perentoria que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva en su aplicación práctica y por las insoslayables exigencias de la seguridad jurídica, por lo que la eliminación de los términos latinos por un lado, y por el otro la promulgación de ese novedoso diccionario, puede decirse que ambas son beneficiosas para el ciudadano de habla hispana quien, ahora, ya no tendrá que averiguar el significado de una extraña palabreja sino que, además, podrá consultar términos jurídicos con un diccionario especializado.

Ahora bien, no debe confundirse la eliminación de los “latinazos” en las sentencias promovido por la organización judicial mencionada con la obligación del abogado de conocer el derecho romano, pues éste forma parte de las instituciones del derecho occidental, como dice un acucioso ex profesor de derecho, el doctor Manuel Esparragoza Herrera, al afirmar que el «[…] Derecho Romano […] es el más apropiado para la formación del jurista, porque en sus normas está latente el alma y el espíritu de las leyes en general y solo conociéndolo puede el verdadero jurista penetrar en el sentido exacto de las suyas propias”.

De manera que una cosa es facilitar al ciudadano el lenguaje jurídico en el  habla hispana y otro la formación del abogado, el cual, sin el derecho romano y por supuesto sin el conocimiento aunque sea limitado del latín, nunca será un auténtico profesional del derecho.

PELIGROSO RECEPTÁCULO PARA LA INVERSIÓN
 
Este escribidor ha repetido regularmente que la guerra económica existe en Venezuela, entendida como la confrontación entre el libre mercado y la economía dirigida, y no como la presenta el sector oficialista, como el saboteo de la actividad económica por parte de los sectores de oposición; pero, sea lo que sea, hay una realidad que es que, según un informe elaborado por una ONG  (http://www.lapatilla.com/site/2016/03/09/invertir-en-venezuela-es-ya-tan-peligroso-como-hacerlo-en-siria-o-irak/) invertir en Venezuela conlleva el mismo riesgo que Siria, un país “envuelto en una violenta guerra civil”.
 
Aon, una empresa de gestión de riesgos y seguros, ha analizado 162 mercados emergentes y señalado los países más problemáticos para las empresas, entre los que también están “estados fallidos” como Somalia, “regímenes opacos” como Corea del Norte, o naciones con “riesgo extremo de violencia”, como Afganistán.
 
Al respecto, los periodistas españoles Daniel Viaña e Irene De La Torre que estudiaron el reporte, escriben:
 
Todas ellas, por lo tanto, tienen el mismo nivel de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre que el país que preside Nicolás Maduro y en el que la presencia de compañías españolas es muy extensa: Telefónica, BBVA, Mapfre o Repsol, entre otras, están allí, y todas ellas han sufrido ya las consecuencias de las sucesivas devaluaciones del peso.
 
Precisamente el de las divisas es uno de los seis apartados que se analizan en el informe y que, en todos los casos, arrojan la peor calificación posible cuando se trata de […] de Venezuela.
 
Así, la única nación americana en la lista de países con un riesgo político muy alto suspende en la parte legal y regulatoria, en los problemas derivados del intervencionismo político, la violencia, la posible interrupción de la cadena de suministros y el riesgo a un impacto soberano”.
 
Ante estas circunstancias, si se quiere dejar de ser un peligroso receptáculo para las inversiones para pasar a ser un lugar atractivo para hacer negocios, solamente cabe que el libre mercado se imponga  sobre la economía dirigida que impera en Venezuela y establezca una política institucional que garantice seguridad jurídica a la inversión.

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