El Fraser Institute y la libertad económica en el mundo

 

El Fraser Institute, fundado en 1974, es un centro de investigación no gubernamental con sede en Canadá, dedicada a la realización de estudios elaborados por expertos sobre temas críticos de políticas económicas y públicas en el mundo.

 

El Instituto, específicamente, se ha involucrado en una amplia gama de temas como la calidad de la educación, la salud y la carga fiscal total de los canadienses; la investigación rigurosa y meticulosa de los mercados y las medidas intervencionistas de los gobiernos en el bienestar de los individuos; y ha desarrollado una serie de programas e iniciativas relacionadas con el índice de libertad económica.

 

El Instituto ha tenido un tremendo impacto desde sus inicios y considera que ha logrado cambiar la forma de pensar sobre el gobierno y el papel de los mercados de más de 35 años, para lo cual, además de estudios, ha realizado innumerables foros y eventos con participación de importantes líderes mundiales.

 

Recientemente, el reporte anual sobre la libertad económica en el mundo, que considera a 152 países, ha situado a Venezuela en el último puesto del ranking.

 

La poco honrosa ubicación no es algo sorpresivo porque todo ello se deriva de las políticas de controles que impone la economía dirigida, una gestión que no es exclusivamente atribuible a los gobiernos que han tenido la gestión del Estado en Venezuela, que solamente la han acentuado, porque es de ingrata recordación que, durante la república civil, los gobernantes mantuvieron congelada la libertad económica que consagraba la Constitución de 1961 hasta que fuera devuelta durante el gobierno de CAP II.

 

Lejos quedó el país de las diez economías con las mayores libertades, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Bahréin, Mauritius, Finlandia y Chile, donde ni siquiera caben el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Italia, España o Alemania; pero sí muy cercana a Burundi, Mozambique, Chad, Algeria, Guinea Bissau, Congo, Angola, Congo, Zimbabue, Myanmar.

 

La diferencia estriba en que en los primeros rige el libre mercado mientras que en los rezagados impera la economía dirigida o la intervención arbitraria del Estado en el manejo de las economías de esos países.

 

Por supuesto, el checklist utilizado para el reporte contiene reglas de medición propias para determinar la libertad económica por lo que sin duda que no será del agrado de los adoradores del estatismo, pero el informe es preparado por los mejores especialistas de 85 naciones incluyendo tres premios Nobel  en Economía.

 

El Foro Económico Mundial y The Human Capital

 

El Foro Económico Mundial o World Económic Forum WEF, fundado en 1971, es una fundación sin fines de lucro con sede en inebra, Suiza, famosa por su asamblea anual que se celebra en Davos, en la misma Confederación Helvética, y a la cual asisten líderes empresariales, políticos, intelectuales y periodistas de distintas partes del mundo para analizar los asuntos más apremiantes en el mundo, entre ellos la salud y el medio ambiente.

 

El Foro, además, organiza la Asamblea Anual de Nuevos Campeones, en China, y foros o asambleas regionales en los cinco continentes, creando gran expectativa, al punto que en algunas oportunidades, sus reuniones han sido objeto de violentas manifestaciones de repudio durante sus sesiones por parte de grupos anti globalización que sostienen que el capitalismo está acrecentando la pobreza y destruyendo el medio ambiente. 

 

Además de reuniones tan importantes como las mencionadas, el Foro produce informes  de investigación y, recientemente, publicó un primer estudio sobre Capital Humano (Human Capital Report), abarcando 122 países de todo el mundo, para determinar el papel del ser humano dentro de las distintas economías. Además, identifica cuáles son las más exitosas, maximizando el potencial económico de sus respectivas fuerzas de trabajo.

 

Específicamente, el índice mide la capacidad que tiene un país de desarrollar una fuerza de trabajo saludable y educada mediante cuatro elementos:

 

Educación: reúne datos sobre el nivel de acceso, calidad y aspectos relativos a la consecución de los estudios a través de la educación básica, media y superior.

 

Salud: evalúa los niveles de salud física y mental de la población, desde la niñez hasta la adultez.

 

Empleo y fuerza laboral: cuantifica las discordancias de experiencia, talento, entrenamiento y habilidades en la población laboral.

 

Entorno favorable: representa una captura del marco legal del país, su infraestructura operacional y otros factores que permiten un espacio de desenvolvimiento y desarrollo del capital humano.

 

Los primeros diez lugares del ranking están ocupados, en su mayoría, por países europeos con Suiza a la cabeza, seguida de Finlandia y las excepciones de Singapur, que ocupa el tercer lugar, y Canadá, que está en el décimo. Estados Unidos está en el puesto décimo sexto.  

 

Los países o potencias emergentes figuran en un rango medio. China, con una tasa de desempleo bajo y un alto flujo de talento, se ve perjudicada por la estructura de su sistema legal y el bajo nivel de su educación, dejándola en el puesto 43. Rusia se encuentra en el puesto 51, seguida de cerca por Brasil en el lugar 57 e India y Sudáfrica en los lugares 78 y 82 respectivamente.

 

En América Latina, los países mejor ubicados son Costa Rica y Chile, en los puestos 35 y 36 respectivamente, y Venezuela, la primera potencia petrolera de las Américas, ostenta el puesto 101 en el ranking del Informe porque promedia uno de los índices de Capital Humano más bajos del mundo y el más bajo de los países de América Latina y el Caribe que fueron considerados. Las principales causas radican en las dificultades del entorno legal y político y la desaparición de algunas estructuras de su fuerza de trabajo; y el estudio refleja que el marco legal del país es uno de los que más dificulta el desarrollo de las empresas, el emprendimiento de nuevos negocios, la protección de la propiedad privada e intelectual y la movilidad social. En el marco de empleo y fuerza laboral, aunque el desempleo no figura entre los factores más alarmantes, se expresan niveles muy bajos en la capacidad de atraer y retener talento, y hacer pagos acordes con la producción.

 

De la misma forma, se señala que factores como la capacidad de innovación y los servicios de entrenamiento son escasos.

 

Como no todo puede ser negativo, los puntos positivos de Venezuela en el estudio radican en los elementos Educación y Salud, pero no por la calidad de la educación ni de la salud pública, sino por el acceso masivo a las universidades y el equilibrio de género que evidencia una alta población universitaria femenina, además de los bajos niveles de depresión y estrés!

 

Pero lo lamentable es que no solamente Venezuela ocupa el último puesto en el desarrollo del capital humano, sino también en el de libertad económica, como ha determinado el Fraser Institute.

 

Un laudo arbitral internacional y un press release 

 
Bien se sabe que Venezuela ha sido demandada en arbitraje internacional y que varios procesos cursan ante distintos centros de arbitramento, entre ellos el tan vilipendiado Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del cual el país se apartó por erradamente considerar que se trata de un organismo al servicio del capital internacional.
 
Es un hecho normal el que un inversor internacional amparado por convenios o acuerdos de protección de inversiones acuda a un centro de arbitraje para reclamar justicia; y es normal que se produzcan decisiones favorables a esos inversionistas o al Estado demandado porque el resultado será el que de manera imparcial y previo cumplimiento del debido proceso, determinen los árbitros.
 
Pero resulta que una nota de prensa (press release) de las autoridades venezolanas ha informado pomposamente que un Panel del CIADI ha dictado un laudo el 26 de septiembre de 2013 en el arbitraje de inversión iniciado por Highbury International AVV y Ramstein Trading, declarando su incompetencia para conocer de la demanda.
 
Y he allí el detalle, como diría el cómico mexicano de todos los tiempos. Como el laudo fue favorable a la parte demandada, entonces el CIADI es bueno; pero cuando, como ha sucedido en el pasado, el fallo ha sido adverso, entonces se trata de una patraña de un vil CIADI, ahora derrotada por la habilidad de los abogados defensores de la República.
 
En este punto conviene recordar al gran procesalista Luis Loreto cuando decía: “Murmurar de los jueces es un crimen. Criticar sus decisiones en público con justas e ilustradas razones,  es elevada función ciudadana”. Porque los laudos dictados por Centros de Arbitraje tienen el mismo valor jurídico que las sentencias dictadas por tribunales estatales y, por tanto, deben ser respetadas, al igual que los árbitros que lo integraron; y si se disiente de ellas, lo apropiado es formular las críticas abierta y motivadamente.
 
El resultado favorable a Venezuela en el laudo del 16 de septiembre debe celebrarse  porque, con toda seguridad,los árbitros actuaron ajustados a derecho y ceñidos a lo alegado y probado en autos; pero lo que merece una crítica es el press release al hacer creer que el triunfo de Venezuela en el proceso se debió a la estrategia de los abogados de la República: y ello es inadmisible porque pone en tela de juicio la imparcialidad de los árbitros e, incluso, la labor profesional de los abogados de la parte demandante, lo que se separa de las normas deontológicas que rigen la abogacía.
 
Además, esa temeraria afirmación conduce a una pregunta: Es que los casos en los que  Venezuela ha sido condenada ha sido por malpraxis de sus abogados?
 
Quizás lo recomendable a los redactores de press releases es que elaboren sus notas con objetividad, no como meros “mujiquitas” galleguianos.
 

Un centro de arbitraje para la UNASUR

 

Como continuación de la política del retiro de Venezuela del CIADI, se ha venido promoviendo un nuevo ente para la solución de controversias, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en materia de inversiones.

Para ello, las naciones miembros de esa agrupación estarían negociando un Protocolo, es decir, un acuerdo multilateral que reglamentaría la institución y que se integraría al Tratado de creación de UNASUR, suscrito en Brasilia en mayo de 2008 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

La iniciativa parece interesante para los países asociados a la UNASUR, especialmente para aquellos que mantienen políticas destinadas a que los  inversionistas internacionales se sientan cómodos, dentro de un ambiente de seguridad jurídica. Además, la formación de un centro de que facilite la constitución de paneles arbitrales que vengan a llenar el vacío del CIADI.

Ahora bien, para que la idea se fortalezca y sea fructífera, y tanto las naciones como los inversores sientan confianza en que, en caso de controversia,  recibirán justicia imparcial e independiente, hay que tener en consideración que uno de los postulados esenciales del arbitraje es que las partes se dan sus propios jueces para que les resuelvan las diferencias, y para lograrlo la lista de árbitros debe estar formada por expertos en materia de inversiones.

Si por el contrario lo que se busca es un organismo complaciente con intereses o políticas manifiestamente adversas a los inversores extranjeros, o que dificulten la ejecución de los laudos, el centro que se planifica no pasaría de ser otro devaluado ente que nunca ganará la confianza de los inversores internacionales.

Acertada iniciativa de los inversores petroleros internacionales en Bolivia

 
Siguiendo con la equivocada idea de que los centros arbitrales internacionales, como el CIADI, son agentes del capital foráneo cuando los laudos dictados son favorables a los inversionistas, la Constitución de Bolivia de 2009 introdujo una norma que prohíbe realizar arbitrajes fuera de ese país cuando sean sobre materia de producción de hidrocarburos y están vinculadas empresas extranjeras, ni reconocer en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera, no pudiéndose invocar situación alguna de arbitraje internacional ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.  Como que si la administración de justicia se determinara por el lugar donde se dicte, la materia de que se trate o la nacionalidad de una de las partes!. Todos unos principios carentes de seriedad, populistas a rabiar. 
 
Pues bien, las empresas petroleras privadas extranjeras que operan en la tierra a quien Simón Bolívar diera su nombre para su perpetuo reconocimiento han creado un centro de arbitraje y conciliación para sus controversias, a sabiendas de que al no poder acudir al arbitraje internacional, lo mejor es contar dentro de la propia Bolivia con un centro especializado en este tipo de controversias.
 
La institución fue creada hace dos meses por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), organismo que agrupa a las principales petroleras privadas extranjeras que allí operan; y, a través de ese centro se busca que las controversias que puedan surgir entre los operadores y el Estado sean resueltas por árbitros dentro del marco impuesto por la constitución boliviana.
 
Entre las incógnitas a despejar están si, en efecto, Bolivia va a aceptar la inclusión de la cláusula de compromiso de arbitraje en los contratos relacionados con hidrocarburos y energía y someterse a jurisdicción del Centro de Arbitraje de la CBHE; y, de hacerlo, si,  cuando algún lado le sea adverso, se va a negar a su ejecución so pretexto de imaginarios y delirantes dislates populistas.
 
 

Deja un comentario