Al doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, abogado, economista e historiador
de larga trayectoria académica.

 In memoriam

 

EL ÁRBITRO ELECTORAL

El árbitro electoral tiene que ser independiente, porque la independencia es la esencia de todo aquel que tiene que dirimir un diferendo; pero, cuando una encuestadora afirma que 7 de cada 10 ciudadanos consideran negativa la gestión del organismo comicial venezolano, es porque “algo anda mal en Dinamarca”, como dijo Marcelo al príncipe Hamlet en el famoso drama de William Shakespeare., «The Tragedie of Hamlet, Prince of
Denmark
«.
La aludida frase, con la que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien en un país por causa de la corrupción; es aplicable al tema de la desconfianza en el CNE porque, en las elecciones realizadas a lo largo del s. XXI, ha demostrado descarada y públicamente su sometimiento al Ejecutivo Nacional, de manera que si el 70% de la ciudadanía lo ha descalificado, ello debe leerse como vox populi, vox Dei.
No obstante, es afortunado que, según la misma empresa encuestadora, la mala percepción del árbitro electoral no impacta en la disposición a participar en los comicios y “[…] la intención a votar en los comicios parlamentarios viene aumentando de forme leve, pero  sostenida desde abril de este año, para ubicarse actualmente en 72,4% de los ciudadanos que aseguran estar “completamente seguros de ir a votar”.
De manera, pues, que a pesar de todo, hay que cumplir con el deber cívico de elegir.

 

LA ACCIÓN QUI TAM Y LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JURISTAS

            Aunque parezcan ser palabras de un idioma oriental, Qui tam es una abreviatura de la frase latina “Qui tam pro domino rege quam pro se ipso in haec parte sequitur” que, en su traducción al castellano, significa “quien presenta la acción al rey también la presenta para su propia causa” o también “quien tanto por el rey como por sí mismo entabla juicios en esta materia”.

En lenguaje forense, la acción qui tam es aquella demanda judicial iniciada por un ciudadano denunciando un desvío o utilización incorrecta de fondos públicos.  Tiene su origen en el derecho consuetudinario de la Inglaterra de los 20´s del s. XV, cuando un súbdito demostró en un juicio la existencia de una conducta ilícita, por lo que se le recompensó con parte de la multa que tuvo que pagar el acusado.  
Posteriormente, la qui tam fue reconocida en los Estados Unidos a través de la Ley de Reclamos Falsos (FCA) o “Lincoln Law”, promulgada en 1863 por el Congreso de los EEUU para prevenir que los proveedores de bienes al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil incurrieran en defraudaciones, estableciendo que cualquier persona que presentara a sabiendas reclamos falsos sería sancionada con severas multas.
 Las acciones iniciadas bajo la qui tam permiten la recuperación de cifras millonarias, con la consecuente retribución al autor de la denuncia, por lo que en los Estados Unidos existen numerosas oficinas de abogados especializadas en patrocinar este tipo de acciones y organizaciones que ofrecen asistencia on line.  
Se trata del derecho que adquiere el denunciante («whistleblower«) a reclamar y recibir un porcentaje del dinero que el Estado haya recuperado por haber prosperado la denuncia que ha propuesto.
La qui tam podría considerársela también como un antecedente de la denuncia de bienes ocultos que es admitida en legislaciones de muchos países, entre ellos Venezuela, donde fue contemplada en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.
La qui tam puede ser la base para que la Asociación Mundial de Juristas justifique social y jurídicamente el programa para la aprobación de un tratado internacional para la recuperación de dineros provenientes de lavado de dinero, no solo del narcotráfico sino con origen en la corrupción, para ser destinado a un fondo en la ONU para la reconstrucción de países víctimas de estos flagelos.
 

ERAMOS POCOS Y PARIÓ LA ABUELA

Éramos pocos y parió la abuela equivale a decir que, por si ya no había suficientes cosas que funcionasen mal hasta el momento en Venezuela, de repente llega otra cosa más grave, pues no basta que el FMI declare que ve dramática situación en Venezuela, con una recesión del 10% y un 160% de inflación, dando como resultado la peor evolución de toda Latinoamérica y una de las peores del mundo, solo por delante de Yemen, en pleno conflicto bélico; Sierra Leona, golpeada por el ébola, y Guinea Ecuatorial. La caída es mayor incluso a la de Ucrania, también sacudida por la guerra.
 Pues bien, Waze, una aplicación colaborativa de tráfico acaba de presentar un informe global sobre el índice de satisfacción del conductor en 32 países del mundo y, a partir de los resultados obtenidos, el mejor país para conducir es Holanda, mientras que Venezuela ocupa el penúltimo lugar. Son los peores países para conducir debido a “la severidad de los atascos, la falta de servicios y las condiciones de la infraestructura vial”.
O sea, ya el país no solamente ocupa los peores resultados en otros aspectos como lo señalado por el FMI, o por el Informe Anual de Libertad Económica del Mundo 2015, publicado por Fraser Institute, que ubicó al país por debajo de Libia, Chad, Siria y Congo, sino que de una simple investigación cotidiana resulta que es uno de los peores del mundo para algo tan simple como conducir un vehículo.
 

UN PASO ADELANTE Y OTRO ATRÁS

En días pasados, el poder legislativo del Estado Vargas publicó una reforma de la Ley de Timbre Fiscal del Estado relativa al impuesto de salida del país, el cual fue elevado y con vigencia desde el 1 de octubre.
Como era de esperarse, las reacciones contra la ley estadal fueron inmediatas, tanto de parte de potenciales viajeros como de las agencias de viajes y turismo que se dieron cuenta inmediatamente del excesivo incremento que lo hacía inviable porque encarecería enormemente el costo de los pasajes de los viajeros que salen al exterior por el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar, en Vargas.
Pues bien, no habían pasado 24 horas desde la publicación de la reforma legislativa cuando el gobierno de Vargas ha resuelto dejar sin efecto el aumento del impuesto de salida, aparentemente como consecuencia de la intermediación de una organización gremial que agrupa a las líneas aéreas, lo que puede interpretarse como una buena señal la que el Ejecutivo de Vargas haya entendido que la elevada tasa impositiva afectaría la ya decaída industria del turismo y procedido a dejarla sin efecto.
Pero ¿el Consejo Legislativo de Vargas no ha debido informarse de los inconvenientes que causaría la subida del impuesto a los viajeros? La respuesta afirmativa se impone porque el ciudadano no puede estar sujeto a marchas y contramarchas; y ello se debe a que toda sociedad requiere de la seguridad jurídica, es decir, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.
Mientras se da un paso adelante y otro atrás, será difícil para los inversionistas tomar el riesgo de invertir en Venezuela, a pesar de los esfuerzos que,  según los medios, realiza  PDVSA para buscar inversionistas en oro, carbón y níquel. 
 

 

PEROGRULLADA ELECTORERA

O

FALACIA ELECTORERA

De acuerdo al DRAE, perogrullada significa “verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla”; y ello es aplicable a la boba decisión del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de obligar a los actores políticos a la suscripción de un documento en el que se comprometen a respetar los resultados de la contienda electoral; y es una perogrullada porque el solo hecho de la postulación de cada candidato implica, per se, el compromiso que ahora se pretende exigir por un vejatorio documento adicional; y es vejatorio porque la mera sugerencia hace presumir que los aspirantes son unos farsantes que, en caso de no salir favorecidos, no acatarán los resultados.
Desde el punto de vista práctico, si un candidato se postula, lo hace con la idea de competir democráticamente con otro u otros, y por tanto, podrá resultar favorecido o no, acatará los resultados y lo mejor que podrá hacer es felicitar al ganador, o simplemente, hacer mutis por el foro, es decir, callar.
Ahora bien, si el árbitro electoral ha reconocido como ganador a quien no lo era gracias a acciones fraudulentas, el adversario declarado perdedor está en todo su derecho a impugnar el proceso electoral aun cuando hubiere firmado el enojoso pacto aprobado por el CNE, por la simple y elemental razón de que la “tramparencia” (Carrasquero dixit) sería una acción ajena al ordenamiento jurídico y cualquiera que se hubiere postulado estaría en el derecho de impugnarla, como también podría hacerlo quien no hubiere sido postulante.
Por tanto, es de Perogrullo pedir a los candidatos que firmen un pacto de acatamiento del resultado electoral cuando la sola posibilidad de impugnarlo ante los tribunales será cuando haya acciones fraudulentas, y a ello no se puede renunciar anticipadamente.
O será que la bendita propuesta del CNE no es más que una falacia electorera -emboscada dijo una candidata a diputada- para presentar a los postulantes de oposición como anti demócratas que, en caso de no ganar, van a alterar el orden público con posterioridad a los comicios alegando imaginarios fraudes?
 

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