LA DISOLUCIÓN DE
LAS INSTITUCIONES
 
Sin entrar en consideraciones de orden político, es público y notorio que las tensiones entre el TSJ y la AN continúan, en las que el máximo organismo judicial sirve de instrumento del Poder Ejecutivo para imponerse como poder único, sin control alguno; y ello forma parte de una política destinada a acabar con las instituciones consagradas en la Constitución de 1999 para dar paso a un sistema en el cual se imponga una voluntad única; y, en cumplimiento de ese objetivo, la sentencia N° 797 del 11 de agosto de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ vuelve a limitar la actuación de la Asamblea Nacional al suspender cautelarmente las decisiones tomadas en las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, con ocasión de una demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar presentada por varios diputados oficialistas, por considerar que la mayoría opositora en la AN no acató la sentencia N° 269 del 21 de abril de 2016 que interpretó que las sesiones parlamentarias deben convocarse con al menos 48 horas de antelación y que no puede modificarse el orden del día.
 
Lo que deliberadamente se omite es que esa sentencia N° 269, utilizada como pretexto para suspender las decisiones de la AN, constituyó una flagrante violación al principio de la separación de poderes consagrado en la Constitución  al modificar por vía judicial el acto que regula el funcionamiento interno del cuerpo legislativo así como el procedimiento para la formación de las leyes.
 
Por tanto, al proceder como lo viene haciendo el TSJ, y fundamentalmente su Sala Constitucional, desconoce y viola el principio de primacía de la ley, conforme al cual todo ejercicio de un Poder Público debe realizarse dentro del ordenamiento jurídico vigente, y no en función de la voluntad de las personas, porque arbitrariedades como las que viene cumpliendo el órgano jurisdiccional escapan de la esfera del estado de derecho para convertirse en un instrumento político que, además de entorpecer la actividad legislativa de la AN termina por disolver toda la estructura institucional del Estado.   
 
John Locke, padre del liberalismo clásico (Second treatise of government, Hackett Publishsing Co., Indianapolis (Indiana), 1980, p. 46), dijo:
 
«[…] quien tiene el poder legislativo o supremo de cualquier comunidad, está obligado a gobernar por leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no por decretos extemporáneos: por jueces indiferentes y verticales«. (Publicado en http://aipop.org/web/la-disolucion-de-las-instituciones/).
 
NO
ES DERECHO, ES POLÍTICA
 
En un interesante artículo (http://www.el-nacional.com/ramon_escovar_leon/extension-emergencia-economica-nuevo-derecho_0_925707443.html), Ramón Escovar León ha dicho que “Si alguien en Suiza o en Alemania se pregunta por el sistema judicial venezolano y lee las sentencias de la Sala Constitucional, concluirá en que se ha desarrollado un neoderecho (así como ocurrió con la neolengua), un esquema jurídico inédito en la historia, porque se dictan decisiones ampulosas, cargadas de citas de doctrina extranjera que no tienen relación con lo que deciden para justificar lo injustificable: que el chavismo siempre tiene la razón”.
 
Con este párrafo, el apreciado colega apunta hacia un tema que este escribidor ha tratado en anteriores oportunidades, y es que el sistema político reinante, desde sus inicios en 1999, siempre estuvo buscando lo que, diez años después, le facilitó servilmente la hoy magistrada jubilada Luisa Estela Morales, cuando puso a la luz la doctrina del colaboracionismo de poderes que, apoyada fervorosamente por otro magistrado, Francisco Carrasquero, ha servido de piso para que en lugar de la garantía de separación de los poderes públicos, emerja un solo poder, el Ejecutivo, el cual se encarga de dar las órdenes a los demás Poderes, los cuales hoy en día, con la salvedad de la Asamblea Nacional, cumplen a pie juntillas y reverentemente lo que se les ordena. Mujiquitas, los llamaba don Rómulo Gallegos en su famosa “Doña Bárbara”. Y es precisamente mediante la colaboración de poderes que la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se dan el lujo de dictar  30 decisiones que según Escovar “[…] han merecido el rechazo de la comunidad jurídica nacional e internacional, por ser sentencias dirigidas a apuntalar un sistema autoritario”, porque gracias a esos fallos, se pretende bendecir jurídicamente las actuaciones del Poder Ejecutivo porque de lo que se trata, como dijo la Morales al instalar una Jornadas Internacionales con motivo del décimo aniversario de la Constitución de 1999,  es acabar con los “[…]   paradigmas clásicos que postulaban a una separación de poderes rígida, en donde cada rama del Poder Público andaba por su lado […]”, para que todos canten al unísono.
 
Por tanto, las sentencias que emanan en esas condiciones del organismo que constitucionalmente es la cúspide del Poder Judicial no constituyen derecho y, por ello, comparte este escribidor la conclusión de Escovar cuando afirma que esas decisiones “[…] no son creadoras de Derecho porque no gozan del respaldo de la comunidad jurídica ni de la población en general, que es lo que les imprime fuerza y reconocimiento”.
 
CINISMO O MALA
FE  
 
En los últimos tiempos, una vez aprobada una ley por la Asamblea Nacional (AN), inmediatamente es anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), bien a pedido del Poder Ejecutivo o mediante torticeras solicitudes de interpretación presentadas por remunerados mujiquitas. Por supuesto, sabemos que esto sucede por aquello de la doctrina del colaboracionismo de poderes a que este escribidor se ha referido con anterioridad.
 
Y viene el asunto a colación porque en una sesión de la AN de 22 de marzo de 2007, la AN de la época controlada por el oficialismo, desconoció una sentencia de la SC-TSJ en la que se modificaba la Ley de Impuesto sobre la Renta, sosteniendo que el único ente que podía desaplicar artículos y modificar leyes era la AN, concluyendo en que la decisión de la SC-TSJ constituía un atrevimiento y, por unanimidad, los diputados ordenaron que se constituyera una comisión que investigara a los magistrados de la SC-TSJ.   
 
Como se ve, son posiciones completamente distintas, por razones de exclusiva naturaleza política. Entonces, eso obliga a pensar si esos actores, al actuar de esa forma, lo hacen
cínicamente o por mala fe.
 
DE NUEVO CON EL
MASCULINO Y FEMENINO
 
En ACLARATORIA LINGÜÍSTICA publicada en REFLEXIONES A PRIMEROS DE SEPTIEMBRE DE 2016, decía este escribidor que la Real Academia de la Lengua Española se ha hartado y puesto fin al “todos y todas” y a “ciudadanos y ciudadanas”, “niños y niñas”.
 
Al respecto, ese “enfant terrible” de la Real Academia de la Lengua Española, de afilada y temida pluma, ha publicado un comentario en su columna  El bar de Zenda (http://www.zendalibros.com/sobre-catedraticos-y-catedraticas/) que viene como anillo al dedo en cuanto a lo que se refiere al uso del masculino y femenino, con motivo de una publicación oficial del Rectorado de la U. P. de Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos y catedráticas de Universidad.
 
Como puede usted imaginar, amable lector, la crítica de don Arturo Pérez-Reverte es demoledora y, aunque este escribidor no se haga solidario de sus expresiones, sí que identifica a los personajes a los que el alude el escritor que proliferan como conejos en el
mundo de habla hispana, por lo que se permite reproducir las conclusiones:
 
Les ahorro el resto del decreto; que sigue, hasta el final, del mismo tenor y tenora. Y es que, como dijo no recuerdo quién –o quizá fui yo mismo quien lo dijo– una ardilla podría cruzar España saltando de gilipollas en gilipollas, sin tocar el suelo”.
 
EL CASO SORIA
 
Menudo follón el que ha levantado Soria en España.
 
El señor de marras, siendo ministro en funciones, fue identificado dentro de aquellos personajes involucrados con los “Panama papers”, por lo que el hombre, con toda responsabilidad y seriedad, se apartó de sus altas funciones, no sin antes justificar ante la opinión pública que poseer o estar vinculado a sociedades offshore no constituye delito.
 
Cuando parecía que el buen hombre se había marchado a casa, resulta que ha sido postulado por su formación política  para un cargo en un organismo financiero internacional, lo que ha levantado de nuevo las ronchas; y es allí precisamente adonde apunta este escribidor con su reflexión porque si bien es cierto que no hay delito por el solo hecho de tener vinculaciones con ese tipo de sociedades, no hay que olvidar que se trata de una persona pública que, bien o mal, ha sido cuestionada, por lo que, antes de crear un nuevo enredo, lo más aconsejable para la transparencia política ha debido ser que la postulación no se hubiera efectuado.
 
Cuando parecía que no había marcha atrás y que Troya ardería, el propio interesado ha asumido una posición digna porque, simple y llanamente, ha desistido de su candidatura, lo que le enaltece porque, como dijera el Divino Cayo Julio César, “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”, con lo cual se ha zanjado la disputa impidiendo que los “progres” y demás coletas, esos tontos útiles que exhiben el banderín del Che Guevara, se dieran banquete a costa de Soria imaginando cuanta fantasía les hubieran permitido sus calenturientas mentes, lo que al final de cuentas hubiera perjudicado a la democracia española en medio de esa confrontación por la formación de un nuevo gobierno.
 
Recordemos que “La izquierda posee emociones fuertes e ideas débiles, y no tiene reparo en sacrificar la lógica y la verdad documentada ante las ensoñaciones utopistas. A la izquierda se la juzga no por sus resultados (confirmadamente desastrosos) sino por sus objetivos, presuntamente nobles, consistentes en ´salvar a los pobres del mundo´”, como afirma Nicolás Márquez (http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/15/nicolas-marquez-para-derribar-el-mito-del-che-no-hay-mejor-fuente-que-leer-al-propio-che/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=57c9a88ef23b86ea&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/15/nicolas-marquez-para-derribar-el-mito-del-che-no-hay-mejor-fuente-que-leer-al-propio-che/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=57c9a88ef23b86ea&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1), autor de “El Canalla”, la obra que destruye el mito del “asesino de la Cabaña”.
 
CUANDO LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN LA REGLA
 
El Ejecutivo Nacional publicó en la G. O. el Decreto Estado de Excepción y Emergencia Económica, fundamentándose para ello en las ”[…] circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida […]” y “[…] la crisis derivada de la guerra económica y sus nefastas consecuencias sobre el pueblo venezolano”; y, con base en ello, el Ejecutivo quedó facultado para restringir las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales cuando se trate de “[…] dictar un marco regulatorio transitorio y excepcional, que permita el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.”
 
Además, según el decreto, el Ejecutivo podrá suspender de manera temporal y excepcional la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, en la medida que éstas “[…] puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía”.
 
No hay que profundizar en grandes teorías ni entrar en polémicas interminables para que cualquiera se percate de que en un estado de derecho se gobierna, como dijera John Locke, por “[…] leyes permanentes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no por decretos extemporáneos […]” como el comentado, en el que se viola la Constitución de 1999 al pretenderse crear un marco regulatorio transitorio y excepcional paralelo a la Constitución de 1999 y que usurpa funciones de la AN y, a la vez se contempla la posibilidad de sancionar a altos funcionarios del propio Estado en base a un
inventado delito de “obstaculización de la implementación de las medidas económicas”; pero, como era de esperarse en aplicación de la doctrina del colaboracionismo de poderes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció el pasado 20 de septiembre que “[…] el decreto fue dictado en cumplimiento de los parámetros que prevé  el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”.
 
Como se ve, ahora la excepción se ha convertido en regla: Se gobierna por decretos ejecutivos bendecidos por la SC-TSJ, en lugar de leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
 
¿Qué pensaría Locke al respecto?

 

 

Deja un comentario