1. Objeto y finalidad de la LRPN.

La LRPN dice que su objeto será regular la organización, el funcionamiento, la administración y las competencias de los registros principales, mercantiles, públicos y de las notarías y, en el artículo 2 expresa que su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales, agregando que para el cumplimiento de las funciones regístrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de los actos o negocios jurídicos, se aplicarán los mecanismos y la utilización de los medios electrónicos consagrados.

2. Misión de los registros y publicidad registral.

Además del objeto y finalidad, en el artículo 25 declara que la misión de los registros es garantizar la seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos, con respecto a terceros, mediante la publicidad registral, que no es más que el principio de publicidad registral o fe pública registral que se concibe en el artículo 9 como la protección de la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos, a cuyo efecto se expresa que la información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona.

Este principio tiene una derivación como principio de publicidad mercantil en el artículo 62 de la LRPN que declara que el Registro Mercantil es público y cualquier persona puede obtener copia simple o certificada de los asientos y documentos, así como tener acceso material e informático a los datos, lo que permite divulgar el contenido de los asientos inscritos en el registro mercantil y que da derecho a los terceros a conocer el contenido de esos actos.

3. Los principios registrales. El principio de legalidad

La LRPN declara en el artículo 4 que, para garantizar el fiel cumplimiento de los servicios que prestarán los registros y las notarías, deberán observar los principios registrales que se enuncian en los artículos 5 al 9, dentro de los cuales resalta en el artículo 8 el principio de legalidad, según el cual sólo se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por la LRPN, con lo que se incorpora legalmente el principio de legalidad registral, cuyo enunciado se desarrolla cuando se le confiere al Registrador la función calificadora contenida en el artículo 40 para ejercerla en el sistema registral; y, en el artículo 41 eiusdem cuando regula el rechazo o negativa de la inscripción de un documento o acto mediante acto motivado que deberá cumplir dentro de los 30 días siguientes a la presentación del mismo, notificando al interesado conforme a lo previsto en la LOPA.

Como complemento del principio de legalidad registral, en el artículo 42 se delimita la facultad calificadora asignada al Registrador expresando que se circunscribirá exclusivamente a lo que se desprenda del título y a la información que conste en el Registro, y sus resoluciones no prejuzgarán sobre la validez del titulo ni de las obligaciones que contenga.

4. El principio de legalidad registral mercantil

El principio de legalidad registral es aplicable a la materia mercantil en tanto resulten compatibles con la naturaleza y con los fines de la publicidad mercantil, por lo que, consecuentemente, son principios supletorios al principio de legalidad mercantil consagrado en el artículo 59 que faculta al Registrador Mercantil para calificar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, así como la capacidad de quienes otorguen o suscriban el documento presentado.

Este principio es complementado por la presunción de legitimidad que emerge del artículo 60 según el cual el contenido del registro se presume exacto y válido, y la inscripción no convalida los actos y contratos nulos.

El principio de legalidad registral mercantil priva en todas las actuaciones del Registrador Mercantil relativas al control de los actos y negocios jurídicos válidamente realizados y que no contengan ni defectos de forma y que sus otorgantes y suscribientes tengan la capacidad y ostenten la legitimación que se atribuyan.

5. El principio de la legalidad registral mercantil y la seguridad jurídica

El principio legalidad envuelve el principio de la seguridad jurídica, entendida como la garantía que tiene un individuo que ni su persona, ni sus bienes serán objeto de ataques violentos; y si éstos llegaran a producirse, su reparación y protección le serán garantizadas por la sociedad.

6. El principio de legalidad registral mercantil, la seguridad jurídica y el objeto del Registro Mercantil

El artículo 51 de la LRPN contiene el objeto el Registro Mercantil así:

1. La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, así como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos, de conformidad con la ley.

2. La inscripción de los representantes o agentes comerciales establecimientos públicos extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan negocios en la República.

3. La legalización de los libros de los comerciantes.

4. El depósito y publicidad de los estados contables y de los informes periódicos de las firmas mercantiles.

5. La centralización y publicación de la información registral.

6. La inscripción de cualquier otro acto señalado en la ley.

7. La actividad del Registro Mercantil como actividad administrativa.

El artículo 10 de la LRPN instituyó el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) del cual depende el Registro Mercantil; y por tanto, es un ente creado para obtener recursos propios a través de su gestión y aplicados al financiamiento del SAREN.

8. El Registrador Mercantil como funcionario público administrativo.

La LRPN dispuso en el artículo 12 que los registradores, y entre ellos el Registrador Mercantil, ocupan cargos de confianza, son de libre nombramiento y remoción y serán funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, quien los designa, adscritos al SAREN y serán responsables del funcionamiento de su dependencia, como dice el artículo 15. Por tanto, el Registrador Mercantil es un funcionario público, su actividad es administrativa y sus actos son administrativos.

9. El Registrador Mercantil y el principio de legalidad registral mercantil.

Demostrado que la actuación del Registrador Mercantil constituye un acto administrativo, tiene que actuar dentro de los límites de la LRPN, en armonía con las reglas de derecho.

10. El Registrador Mercantil y el artículo 56.

La EM de la derogada LRPN de 2001 decía en una disposición similar al artículo 56 de la vigente LRPN, que se perseguía “desarrollar” el parágrafo único del artículo 200 del CdeC, que “ha sido letra muerta desde su incorporación en 1955”, para poner en práctica un sistema mínimo de control de la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, otorgando al Registrador Mercantil facultades para evitar que se constituyan sociedades con capital insuficiente o que los aportes sean fraudulentamente inflados para engañar al público con capitales inexistentes. A tal efecto, se insertó el artículo 56.

11. El numeral 1 del artículo 56.

Según este numeral, el Registrador Mercantil está obligado a rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando criterios de racionabilidad relacionados con el objeto social.

No existe ley alguna -con excepción de las leyes del sector financiero y de seguros, o de empresas sujetas al régimen de mercado de capitales- que establezca un límite determinado del capital social de una sociedad, salvo la salvedad establecida para las SRL en el artículo 315 del CdeC al disponer que este tipo de sociedades no podrán constituirse con un capital menor de Bs. 20.000,00 ni mayor de Bs. 2.000.000,00.

Ahora bien, si no hay una restricción, habría que tener certeza acerca de qué se entiende por criterios de racionabilidad relacionados con el objeto social pero, resulta que el legislador no estableció tales criterios sino que crea una suerte de discrecionalidad para que el Registrador Mercantil esté constreñido a rechazar la inscripción de la sociedad por capital insuficiente; y, al no establecerlos, habría que acudir a otras disposiciones del ordenamiento jurídico para que se cumpla con el objeto del numeral 1 del artículo 56 de la LRPN.

Por consiguiente, la obligación impuesta al Registrador Mercantil en el numeral 1 del artículo 56 de la LRPN es de imposible cumplimiento porque no existe una norma expresa en el ordenamiento jurídico que determine la existencia de criterios de racionabilidad para que el Registrador Mercantil rechace el registro de una sociedad por considerar que tiene un capital insuficiente.

12. El numeral 2 del artículo 56

Dispone este numeral que el Registrador Mercantil está obligado a asegurar que los aportes en especie tengan el valor declarado en el documento de constitución, en los aumentos de capital, en las fusiones o en cualquier otro acto que implique cesión o aporte de bienes o derechos, a cuyo efecto se acompañará un avalúo realizado por un perito independiente colegiado: pero el CdeC expresa en el artículo 207 que cuando no se ha fijado por los contratantes el valor de las cosas aportadas por alguno de los socios, se presume convenido el precio corriente en el día fijado para la entrega, en la plaza donde la compañía tenga su domicilio.

En otras palabras, si el Registrador Mercantil hace uso del numeral 2 del artículo 56 de la LRPN y pretende asegurar el valor de los aportes mediante un peritaje, no está haciendo uso de la discrecionalidad administrativa, sino de la arbitrariedad porque se está inmiscuyendo en un asunto que atañe a los contratantes, accionistas o socios, cuya actuación está amparada por el principio de buena fe. En la valoración de los bienes a aportar ha sido la voluntad de las partes quienes la han efectuado, o apreciados por mandato legal, no puede el Registrador Mercantil pensar que se trata de una actuación fraudulenta que él deba corregir exigiendo un peritaje porque prima el principio de la buena fe.

13. El numeral 3 del artículo 56

Este dispositivo obliga al Registrador Mercantil a exigir la indicación de la dirección en donde tenga su asiento la sociedad, el cual se considerará su domicilio a todos los efectos legales.

El artículo 203 del CdeC dispone que el domicilio de la compañía está donde determina el contrato constitutivo de la sociedad; y a falta de esta designación, en el lugar de su establecimiento principal.

A su vez, el artículo 213 del CdeC en el ordinal 1º indica que en el documento constitutivo de las SA y en CPA deberá indicarse el domicilio; y en el artículo 214 del CdeC en el ordinal 2º se señala que deberá indicarse igualmente el domicilio de la SRL. De no hacer la designación se tendrá como domicilio el lugar de su establecimiento principal.

Para el caso de las sociedades en comandita simple y colectiva, que no exigida la incorporación del domicilio, de no ser efectuado, se presume que será el lugar de su establecimiento principal.

En el caso del numeral 3 del artículo 56, la exigencia que se incorpora es la de dirección donde tengan su asiento las compañías, lo cual revela una confusión del legislador entre los conceptos de domicilio, dirección y el lugar de su establecimiento principal.

14. El numeral 4 del artículo 56

La sociedad nace desde que así lo determinan las voluntades de los contratantes.
Nuevamente se observa un atentado contra el principio de legalidad mercantil registral porque el legislador no le dio parámetros al Registrador Mercantil para que rechace el término de duración de una sociedad y, como éste es un funcionario administrativo, su rechazo tendrá que producirse a través de un acto administrativo que debe cumplir con todas las exigencias que, para su validez, establece la LOPA; y al carecer de parámetros, su actuación entra en la esfera de la arbitrariedad porque no cuenta con los límites legales de la discrecionalidad administrativa, lo cual también es aplicable para el supuesto en que el Registrador Mercantil estime que la duración de la sociedad sea excesiva.

Deja un comentario