Exordio

Tuve oportunidad de tratar personalmente al profesor Adolfo Alvarado Velloso el año 2006, en Caracas, con motivo de las Jornadas del Instituto Venezolano de Derecho Procesal (INVEDEPRO). Desde entonces, me honro con su amistad y ahora la retribuyo con este aporte al homenaje que, con espíritu panamericano, merecidamente se le rinde.

SUMARIO

Introducción. 1. Independencia judicial. 2. Autonomía financiera del Poder Judicial. 3. Responsabilidad judicial. 4. Simplificación de los procesos. 5. Participación ciudadana en la designación de magistrados y jueces. 6. Justicia de Paz. 7. Fórmulas alternas de solución de controversias. 8. Conclusiones.

Introducción

Qué se entiende por “tramparencia” judicial? Pues simple y llanamente toda infracción al derecho a tutela judicial efectiva, entendido como aquél que comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho.

El derecho a la tutela judicial efectiva presenta, por tanto, varias fases como son la facultad de acceder a la justicia, la obtención de una justicia impartida conforme al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRBV”), imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, el derecho al debido proceso (que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, la prescripción a declarar contra sí mismo y allegados, la confesión sin coacción, la libertad de pruebas, el nulla crimen nulla pena sine lege, el non bis in idem y la responsabilidad del Estado por error judicial) y finalmente, el derecho a la ejecución del fallo proferido .

“La falla de cualquiera de estos requisitos –decía José Gabriel Sarmiento Núñez – distorsiona el fin útil del proceso y hace perder la fe de los litigantes en el derecho y en los jueces, y tiende retrotraer el Estado de derecho a las superadas épocas en que los contendientes dirimían sus diferencias por sí mismos, bajo la arcaica norma del ´ojo por ojo y diente por diente´”.

Dentro de este orden de ideas, expondré a continuación los aspectos más resaltantes que, en mi opinión, se requieren para erradicar la “tramparencia” judicial, finalizando con las conclusiones pertinentes.

Presento excusas al lector por la adopción de “tramparencia” para tratar el tema que acá desarrollo pues, como dice Alexis Márquez Rodríguez , es un disparate, un feo error de dicción, aún más feo en boca de un funcionario o persona supuestamente culta, y peor si presume de ello; pero al adoptarlo pretendo hacer un llamado de conciencia, un alerta, sobre esta maligna degeneración que corroe la seguridad jurídica. de la cual depende la legitimidad del Estado.

1. Independencia judicial

La independencia judicial se sintetiza en que, los jueces, en sus actuaciones, deben actuar ceñidos a la ley y a sus propias concepciones jurídicas, independencia que tiene dos aspectos: La independencia exterior de los jueces y magistrados frente al resto de los Poderes Públicos, y la independencia interior de los jueces frente a las partes. Sarmiento Núñez , en el año 1958, indicaba que, para alcanzar la independencia judicial, se requerían varias condiciones:

A. Un sistema apolítico y rigurosamente técnico para el ingreso a la carrera judicial, que asegure la adecuada selección del personal, tanto desde el punto de vista de la capacidad y competencia como de la formación moral.
B. Un sistema de escalafón, ascensos y provisión de vacantes libres de interferencias gubernativas.
C. La garantía de inamovilidad judicial, es decir, el derecho de los jueces a permanecer en sus cargos siempre que los desempeñen rectamente y a ser respetados por el Poder Público en el ejercicio de sus funciones. El derecho a no sufrir interferencias ni represalias por razón de su ministerio, ni a ser postergados, suspendidos o destituidos de sus cargos, sino mediante causa debidamente comprobada en juicio contradictorio.
D. La existencia de un régimen de autogobierno del Poder Judicial bajo la dirección, control y exclusiva competencia del más alto Tribunal de cada país y sus organismos inspectores.
E. Remuneración holgada de los jueces que les asegure una independencia económica.
F. La defensa de los intereses de los jueces mediante las asociaciones y organizaciones profesionales y de previsión social .
G. Infraestructura física adecuada .

Más de cuarenta años después, la Federación Interamericana de Abogados, a través de su Sección de Administración de Justicia, en su XXXV Conferencia celebrada en México D. F. del 5 al 11 de junio de 1999, recomendó a los Estados americanos:

“(…) investir y preservar a los Poderes Judiciales de la dignidad, independencia y medios, para que puedan cumplir a plenitud con sus facultades de interpretar y aplicar el derecho en nuestras sociedades, dándoles así la seguridad jurídica necesaria”.

La CRBV (artículo 255) proclama la independencia del Poder Judicial, al igual que lo hacen la mayoría de las cartas fundamentales de los países democráticos porque, como han afirmado Jaime Guasp y Pedro Aragoneses :

“…el principio de justicia independiente es esencial para toda sociedad civilizada y fundada sobre bases éticas cualquiera que sea su forma política y, en la realidad, pocas son las sociedades organizadas que han inculcado a sus ciudadanos que los tribunales constituyen la última garantía del Estado de Derecho, para la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses legítimos de todas las personas, iguales ante la ley, sin que pueda producirse discriminación alguna entre los sujetos del proceso”.

Levis Ignacio Zerpa , al pronunciarse sobre la independencia judicial a raíz de la entrada en vigencia de la CRBV, la dicho:

“La independencia judicial debemos apreciarla como presupuesto básico de la imparcialidad. Justicia y parcialidad son conceptos incompatibles.

La independencia judicial se alcanza por un apropiado sistema de selección de los llamados a juzgar, mediante concursos de oposición públicos, transparentes, con jurados doctos, amplios y confiables. Se alcanza por el establecimiento de una verdadera carrera judicial que asegure la estabilidad y la permanencia de los más idóneos, con diversos y adecuados estímulos para su mejoramiento integral y para el logro de la excelencia. Se alcanza con la vigilancia de las conductas indeseables y con un régimen disciplinario firme, sostenido y eficiente, con las imprescindibles garantías para la defensa del Juez afectado”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (“SC-TSJ”) , se ha pronunciado sobre la independencia judicial en los siguientes términos:

“Cada una de las ramas del Poder Público tiene establecidas en la Constitución y las Leyes funciones propias, las cuales se cumplen ceñidas a las leyes (artículo 136 y 137 Constitucionales). Ello significa que las atribuciones privativas que la ley señale a un poder no pueden ser cumplidas, ni invadidas por otro.

En particular, al Poder Judicial, corresponde la potestad de administrar justicia, mediante sus órganos, creados por la Constitución y las Leyes que la desarrollan (artículo 253 Constitucional).

El Poder Judicial, por mandato de nuestra Carta Fundamental, es autónomo e independiente (artículo 254 eiusdem). Ello significa que el Poder Judicial, no depende de ningún otro Poder del Estado, y por ello, por el citado mandato constitucional, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, la cual la asigna el artículo 254 Constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza y director del sistema judicial.

La independencia funcional significa que en lo que respecta a sus funciones, ningún otro poder puede intervenir en el judicial, motivo por el cual las decisiones de los Tribunales no pueden ser discutidas por los otros Poderes; y los jueces, y funcionarios decisores del Poder Judicial -como el Inspector General de Tribunales- no pueden ser interpelados, ni interrogados por los otros Poderes, sobre el fondo de sus decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito…”.

2. Autonomía financiera del Poder Judicial.

Uno de los grandes temas que se debaten en la doctrina y que de alguna manera determina el marco de la independencia del Poder Judicial es su autonomía financiera, por lo que se han formulado distintas propuestas al respecto que van desde la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional de cada Estado hasta una completa autonomía que le permite al Poder Judicial elaborar y defender su presupuesto ante el Poder Legislativo.

En sintonía con la autonomía financiera del Poder Judicial, los Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica y El Caribe , reunidos en Caracas el año 1983, aprobaron una resolución en los siguientes términos:

a) Encomendar a organismos judiciales la administración de los fondos destinados al Poder Judicial y otorgarles autarquía financiera en el manejo de dichos fondos; y
b) Asignar al Poder Judicial un porcentaje en los presupuestos nacionales de los países respectivos.

La Federación Interamericana de Abogados, a través de su Sección de Administración de Justicia, en la Resolución No. 23 durante la XXX Conferencia resolvió promover la autonomía presupuestaria del Poder Judicial mediante un porcentaje fijo del presupuesto nacional anual de los países americanos para la administración de justicia, lo cual ha sido acogido por distintos Estados del continente americano, como es el caso de Venezuela, que dispuso en la CRBV (artículo 254):

«El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional”.

La diferencia fundamental entre Poder Judicial y sistema de justicia queda establecida en la misma CRBV (artículo 253) al expresar:

«El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio».

En cuanto al presupuesto del Poder Judicial, la CRBV (artículo 267) dispone:

«Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial (…)”.

A este respecto, la SC-TSJ ha dicho:

“…el Poder Judicial tiene autonomía financiera, y para ello se le asignará dentro del presupuesto general del Estado, una partida anual variable, no menor del dos por ciento (2%) del presupuesto ordinario nacional, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional (artículo 254 Constitucional). Sin embargo, de conformidad con el artículo 187.6 Constitucional, la Asamblea, debe aprobar el Presupuesto, al menos en lo referente a los ingresos que el Estado destine al Poder Judicial”.

3. Responsabilidad judicial del Estado y del juez

Varias constituciones de los países americanos han sancionado la responsabilidad judicial. En efecto, si se toma como antecedentes el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (aparte 5, artículo 9), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 10) e, incluso, la Constitución del Reino de España (artículo 121) que disponen que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley, se observa que la Constitución del Ecuador (artículo 22) dispone que el Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los puestos de violación de las garantías constitucionales, reservándose el Estado el derecho de repetición; que la Constitución peruana (artículo 139), declara que son principios y derechos de la función judicial la indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar; y que la CRBV (numeral 8 del artículo 49) declara:

“Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrado, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas”.

Sobre este particular, Manuel Rojas Pérez ha expresado:

“La responsabilidad del Estado –entendido en su sentido más amplio- es un sistema inherente a todo Estado de Derecho que se respete como tal. La Administración –también en sentido lato- comete errores, de hecho, comete más errores que cualquier ente por la innumerable cantidad de potestades, acciones y situaciones que tiene y debe manejar. Así, la responsabilidad del Estado debe ser entendida como un derecho humano fundamental, del cual ningún Estado podría escapar o negar.

Dentro de ese sistema está la responsabilidad del Estado juez. Al ser la responsabilidad del Estado, un sistema abierto y amplio, todas las actuaciones del Estado se enmarcan en ella. El Estado debe responder porque la Administración de justicia sea efectiva, oportuna y real.

La responsabilidad del Estado juez al final se convierte en una garantía para que la Administración de justicia vaya por el camino correcto. Si el Estado es responsable porque sus jueces hacen mal las cosas, cuidará en el futuro que el funcionamiento se haga de mejor manera. Si hacen responsable al Estado por su mala actuación en el campo judicial, este con posterioridad escogerá de mejor manera a sus funcionarios judiciales.

Asimismo, los jueces o Magistrados al saberse objeto de una responsabilidad personal por acciones contra ellos del propio Estado velarán por la correcta interpretación del derecho o por una cierta verificación de los hechos. En definitiva, la responsabilidad se convierte en un mecanismo de control y presión para que la Administración de justicia sea mucho más eficiente”.

La responsabilidad civil del juez está establecida en el Código de Procedimiento Civil venezolano a través del denominado recurso de queja; pero, además, la CRBV (artículo 255) dispuso:

“los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.

Al referirse a la responsabilidad judicial, Zerpa ha manifestado:

“Es notorio que la ausencia de un régimen eficiente de responsabilidad judicial, en cada uno de sus diversos aspectos, ha permitido la creciente degradación de parte de nuestra judicatura. No encontramos en la jurisprudencia nacional sentencias condenatorias por responsabilidad civil de los jueces. La llamada queja o acción de responsabilidad civil judicial es una vía procesal hasta ahora infructuosa, regulada en su procedimiento de manera deficiente, propicia para que se expresen solidaridades viciosas y conducentes a la creciente irresponsabilidad”.

Agrega Zerpa:

“Es notorio que la ausencia de un régimen eficiente de responsabilidad judicial, en cada uno de sus diversos aspectos, ha permitido la creciente degradación de parte de nuestra judicatura. No encontramos en la jurisprudencia nacional sentencias condenatorias por responsabilidad civil de los jueces. La llamada queja o acción de responsabilidad civil judicial es una vía procesal hasta ahora infructuosa, regulada en su procedimiento de manera deficiente, propicia para que se expresen solidaridades viciosas y conducentes a la creciente irresponsabilidad”.

4. Simplificación de los procesos

En la América Hispana, el régimen procesal colonial e inmediatamente post independentista se ciñó al proceso romano-canónico, medioeval, concebido por el maestro Jacobo de Las Leyes , escrito en su más amplio sentido, secreto, burocrático, de predominio de la tarifa legal en la evaluación de la prueba, y de una gran lentitud , que se prorrogó hasta más allá de la segunda parte del S. XX y que aún se refleja en muchos códigos procesales de la región .

Este estado del proceso ha comenzado a cambiar en el ámbito iberoamericano y, así, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana (artículos 192-195) y la CRBV (artículo 258) expresan que el proceso constituye un instrumento para la realización de la justicia y abogan por la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites e imploran por la implantación de una procedimiento breve, oral y público, declarando, al menos la CRBV, que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

En el orden mundial donde rige el estado democrático de derecho en el cual los jueces son imparciales e independientes y cuentan con determinados derechos, como la estabilidad en los cargos, remuneración adecuada y derecho a jubilación, se han propugnado propuestas tendientes a mejorar la agilidad en los trámites procesales porque no cabe duda de que el mal de la lentitud es el que más contribuye a producir el otro de la carestía, que es el que ha dado lugar a la conocida representación de la litis, según la cual el vencido aparece desnudo y el vencedor vestido de papel, como expresaba Santiago Sentís Melendo . En este sentido, en los PRPCT , se recogen los principios del proceso civil y, entre ellos, se incluye, el derecho a obtener una pronta decisión judicial en los siguientes términos:

1. Prompt Rendition of Justice
2. The court should resolve the dispute within a reasonable time.
3. The parties have a duty to cooperate and a right of reasonable consultation concerning scheduling. Procedural rules and court orders may prescribe reasonable time schedules and deadlines and impose sanctions on the parties or their lawyers for noncompliance with such rules and orders that is not excused by good reason.

Sin embargo, en el afán de conseguir la simplificación de los procesos debe evitar caerse en la infracción del derecho a tutela judicial efectiva. A este respecto, cabe recordar a Enrique Véscovi cuando afirmaba:

“…en la búsqueda de una Justicia rápida no debemos olvidar las debidas garantías procesales. Puesto que habrá un límite en la supresión o disminución de trámites (recursos, incidencias) constituido por aquellos imprescindibles para garantizar los debidos derechos de las partes en juicio”.

5. Participación ciudadana en la designación de magistrados y jueces

Como en toda auténtica democracia, los ciudadanos deben participar en la designación de los jueces. La CRBV (artículo 255) dispone que la ley garantizará la participación ciudadana en la selección y designación de jueces y, si bien no pareciera fácil establecer el procedimiento legal para el ejercicio de tal función, el solo hecho de permitir que la ciudadanía tenga ese derecho, y que lo ejerza efectivamente, facilita que los interesados tomen parte en el nombramiento y manifiesten su opinión sobre quienes aspiran a ejercer la función judicial

De igual manera, la CRBV (artículo 270) creó el Comité de Postulaciones Judiciales (“CPJ”), un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y le facultó también para asesorar a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria .
El CPJ tendrá como función esencial, seleccionar mediante un proceso público y transparente, y atendiendo los requisitos exigidos constitucionalmente, los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que deban ser presentados al Poder Ciudadano.

Los miembros del CPJ deberán ser venezolanos de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer, mayores de 35 años y no haber sido sometidos a ningún tipo de sanción administrativa, disciplinaria o penal.

6. Justicia de Paz

La justicia de paz es una respuesta rápida a los largos y tediosos juicios de la jurisdicción ordinaria, mediante un procedimiento marcado por los principios de economía procesal, oralidad y publicidad, con una importante influencia de la conciliación y de la equidad. Por consiguiente, su implantación y desarrollo vendría a ser un aporte de singular importancia para la solución de conflictos entre los integrantes de una comunidad a través de una justicia rápida y efectiva.

Dentro de este concepto de justicia de paz como medio para anticiparse a la “tramparencia” judicial, estoy incluyendo lo que también se denominan tribunales de pequeñas causas.

En Venezuela rige, desde 1994, la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, la cual determina que los jueces de Paz serán seleccionados mediante elección uninominal, directa y secreta.

7. Fórmulas alternas de solución de controversias

La implementación de la conciliación , la mediación y el arbitraje , siguiendo en este último la normativa modelo de UNCITRAL o los convenios internacionales sobre la materia, constituye otro excelente medio para defenderse de la “tramparencia” judicial no solamente porque aquellas fueron las fórmulas primarias utilizadas por el hombre en las diferencias surgidas en las incipientes sociedades, sino porque, al estar dentro de la esfera de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas pueden seleccionar libremente el mecanismo apropiado que solvente sus conflictos.

En Venezuela rige la Ley de Arbitraje Comercial, desde 1998; y la CRBV (artículo 258) dispone:

“La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.

Dentro de esta línea de acción, la Federación Interamericana de Abogados, a través de su Sección de Administración de Justicia, en la Resolución No. 23 durante la XXXIV Conferencia celebrada en Lima, Perú, en 1998, recomendó a los Estados americanos que adoptaran medidas para favorecer la utilización de los métodos alternativos de solución de disputas.

Por otra parte, las fórmulas alternas de solución de conflictos pueden incidir favorablemente en la administración de justicia porque su utilización puede producir una reducción de las causas a nivel de litigios en tribunales, como lo sugirió la Federación Interamericana de Abogados, a través de su Sección de Administración de Justicia, en la Resolución No. 18 durante la XXXV Conferencia celebrada en Ciudad de México, en 1999, en los siguientes términos:

“(Instar) a los gobiernos, que aún no lo hayan hecho, a establecer medidas alternativas de solución de controversias y tribunales especiales que atiendan pequeñas causas, a fin de aliviar la carga desmedida de casos en los tribunales de justicia”.

8. Conclusiones

Es un hecho notorio comunicacional en Venezuela el que la “tramparencia” judicial se aprovecha de la debilidad o inexistencia de determinadas instituciones y de la ausencia de una auténtica voluntad colectiva de contar con una verdadera seguridad jurídica en los términos idealizados en la CRBV. No obstante, esta indeseable “tramparencia” judicial puede reducirse mediante las siguientes implementaciones prácticas:

A. Independencia judicial.
B. Responsabilidad judicial
C. Autonomía financiera del Poder Judicial
D. Simplificación de los procesos.
E. Justicia de paz
F. Fórmulas alternas de solución de controversias

PUBLICADO EN “LA FE DEL HOMBRE EN SI MISMO O LA LUCHA POR LA LIBERTAD A TRAVES DEL PROCESO”. EL MUNDO PROCESAL RINDE HOMENAJE AL MAESTRO ADOLFO ALVARADO VELLOSO. DIRECCION: GUIDO AGUILAR GRADOS & ANA CALDERON SUMARRIBA EN COLABORACIÓN CON JULIO CÉSAR VELEZ Y CRISTIANA DOMINGUEZ. Editorial San Marcos EIRL Editor, Noviembre 2008.

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