En ¿Qué es el exilio?, publicado en las Reflexiones del mes de septiembre de 2017,  expresaba este escribidor que el exilio es una práctica común en distintas sociedades y así en Grecia antigua se utilizaba bajo la forma del ostracismo, que consistía en el destierro a que se condenaba a los ciudadanos pero no una pena perpetua, sino temporal y la persona exiliada no perdía jamás sus derechos como ciudadano e incluso podía ser perdonado; y en Roma, también se usaba el exilio para alejar del imperio a opositores, como sucedió con Cicerón, Ovidio y Séneca, quienes sufrieron este castigo y fueron obligados
a abandonar la ciudad; y agregaba que en México, un grupo de exiliados españoles  constituyeron un gobierno  luego de la guerra civil de 1936-1939, cuyas actividades finalizaron en 1977; y que naciones  como Armenia de 1078 a 1375 se exilió en Cilicia formando un nuevo reino. También, el general Charles De Gaulle en el exilio en la Gran Bretaña formó un movimiento en 1940 bajo la denominación de “Francia libre” durante la ocupación de Francia por los alemanes que, a partir de 1942, pasó a ser Gobierno de la  Francia Combatiente (Gouvernement de la France Combattante),
o simplemente Francia Combatiente, dirigido por el Comité Nacional Francés y  presidido por el mismo De Gaulle. Esta nueva denominación marcó el inicio de una etapa en la que “los grupos que en el interior del país participaban activamente en la resistencia”​ se unieron con la Francia Libre, reconociendo oficialmente su autoridad.

Ahora se ha dado un caso novedoso con motivo de la designación de los
magistrados del TSJ, electos por la Asamblea Nacional de acuerdo a lo pautado
por la Constitución de 1999, cuyo nombramientos fueron desconocidos por el
gobierno nacional al iniciar una persecución contra los nuevos designados, lo
que obligó a que un alto número de ellos salieran clandestinamente del país y
obtuvieran refugio en Colombia, mientras que otros se asilaron en las embajadas
de Chile y de Panamá en Venezuela (http://runrun.es/nacional/venezuela-2/325853/fundeci-magistrados-exiliados-cumplen-60-dias-de-persecucion-y-amenazas-a-su-libertad.html); pero resulta que un importante grupo de ellos logró llegar hasta la sede
de la OEA, donde la organización interamericana no solamente les dio amparo,
sino que, con la presencia del Secretario Luis Almagro y del Presidente de la
Federación Interamericana de Abogados Jorge Hernán Rubio, facilitó la
constitución del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el 13 de octubre, al
instalarse con una agenda de trabajo con el apoyo de la justicia universal sobre
“[ … ] las graves violaciones de Derechos
Humanos que sean objeto de denuncia; los delitos de lesa humanidad y aquellos
enmarcados dentro de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada,
donde encuadran los temas de tortura, legitimación de capitales, narcotráfico y
terrorismo
”, como declarara su Presidente al afirmar que el organismo que “[ … ] trabaja desde el exilio está legítimamente protegido por la
Constitución venezolana y los tratados internacionales; por lo que sus
decisiones y/o veredictos conducirán a rescatar la ley en Venezuela y la
credibilidad en la institución, es decir, el regreso al Estado de derecho
” (http://www.diariolasamericas.com/america-latina/presidente-del-supremo-el-exilio-vamos-trabajar-rescatar-la-ley-venezuela-n4134200).

Se fundamentan los magistrados en el exilio en que gozan de una legitimidad de origen porque fueron escogidos cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y las leyes venezolanas, porque  su designación fue realizada por el Poder Legislativo, como órgano legítimo y competente, previo a una consulta popular en la cual 7.680.000 venezolanos pidieron el cambio de los poderes públicos y porque gozan del reconocimiento nacional por parte de la Asamblea Nacional, así
como de la sociedad civil y organizaciones que hacen vida en el país y también el reconocimiento internacional de países amigos de buena voluntad y demócratas que lo reconocen, como lo que son, un TSJ legítimo.

El tema así planteado es muy interesante, a juicio de este escribidor, porque en efecto existe la experiencia previa de la República Española que institucionalizó un Tribunal Supremo simbólico, pero no hay un precedente de que un poder de un Estado se constituya en otro país para administrar justicia, lo que puede conducir  que las eventuales decisiones emanadas del TSJ en el exilio queden fuera de la realidad, en un marco ilusorio.

Si en efecto ese tribunal en el ostracismo logra obtener la colaboración de la justicia internacional, es probable que sus decisiones tengan aceptación en la comunidad democrática mundial y hasta pueda sentar precedentes o referencias. Sin embargo, la única forma de probar su existencia y legitimidad lo está en dictar decisiones, como ha hecho con la sentencia del 25 de octubre de 2017 de su Sala Constitucional mediante la cual declaró hoy la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “de facto” y activó la resistencia pacífica del pueblo venezolano prevista en un artículo de la Constitución de 1999, para resolver una denuncia de inconstitucionalidad interpuesta por Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de  ella (https://www.lapatilla.com/site/2017/10/25/sala-constitucional-del-tsj-en-el-exilio-ordena-disolucion-de-la-constituyente-decision/).

Asimismo, en su fallo la Sala sentenciadora llama a las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano a “acatar esta decisión vinculante”, lo que no sucederá pues ya la maquinaria interna ha lanzado su jauría en caza de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (https://www.lapatilla.com/site/2017/10/26/mp-investigara-magistrados-exiliados-por-usurpacion-de-funciones-del-poder-judicial/), aparte de que en la práctica y a los efectos del derecho interno venezolano, las decisiones de este ente carecen de coercibilidad, es decir, no hay fuerza que las hagan ejecutar.

 

 

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