Los tribunales populares están constituidos por grupos de personas que asumen ilegítima e inconstitucionalmente el derecho de juzgar a ciudadanos y condenarles a determinadas penas, incluso la pena de muerte, generalmente con violación del debido proceso y del derecho del encausado a ser juzgado por su juez natural. Se dan en tiempos convulsivos, sea con motivo de una guerra, o de una revolución, en el que el Estado se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política, lo que coincide con la definición de un estado fallido.

En Rusia, en la segunda década del s. XX, ante el vacío de poder creado luego de la detención del zar Nicolás II, las vacilaciones del gobierno de Kerensky y el golpe de estado bolchevique que originó una guerra civil, grupos organizados se encargaban de apresar y condenar sin fórmula de juicio a los adversarios, como expuso este escribidor en las Reflexiones de agosto 2017, en la titulada TERROR ROJO, en la que se relata que la Checa -la policía política, centro de detención, interrogatorio, torturas y ejecuciones – arrestó y ejecutó a unos 800 seguidores del Partido Social-Revolucionario al punto que esta organización desapareció, dejando el campo libre al bolchevismo para iniciar la dictadura del proletariado.

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