El Estado de Derecho está inexorablemente conectado con el Estado democrático puesto que existe una representatividad que permite la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos por medio de elecciones universales, manifestándose así la soberanía del pueblo; de igual manera la presencia de diversos partidos políticos y organizaciones políticas es característica de los estados democráticos; otro factor destacado es el hecho de la separación de los poderes públicos  [ … ] Brewer C., Allan R. (2015).

Reflexiones de Marzo de 2018

A riesgo de ser calificado de “facha”, o de “reaccionario”, o hasta de troglodita o cualquier otro necio calificativo que se le ocurra a algún “progre”, he pensado en una propuesta de reforma constitucional en defensa del Estado de Derecho en Venezuela.

1. En el artículo 114 de la Constitución de 1961 se establecía que todos los venezolanos aptos para el voto tienen el derecho de asociarse en partidos políticos para participar, por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional, agregando que el legislador reglamentaría la constitución y actividad de los partidos políticos con el fin de asegurar su carácter democrático y garantizar su igualdad ante la ley.

En base a esta disposición, los partidos legalizados antes de la vigencia de esa Constitución continuaron actuando, y otras organizaciones fueron inscritas y autorizado su funcionamiento, adhiriéndose a la participación por métodos democráticos en la acción política. Solamente, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron suspendidos por una discutida sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia[1] del 3 de octubre de 1961 que decidió que los actos de inscripción de esos partidos no estaban viciados de nulidad pero carecían de valor o vigencia para producir efectos, por lo que ninguna autoridad podría conceder autorizaciones para que esas organizaciones realizaran actividades políticas hasta que fueran rehabilitados[2], lo que sucedió varios años después, luego de que ambas se apartaran de la lucha armada que libraban las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), con apoyo del castro comunismo, para comportarse democráticamente[3].

De esta manera, continuó un período democrático en el que los partidos, incluyendo los dos rehabilitados, tuvieron papel de preponderancia en el juego político, al punto de que, con acierto, se calificó ese período como la “Democracia de partidos”[4], aunque con el transcurso del tiempo se fue produciendo su decadencia hasta convertirse en la partidocracia, al copar toda la actividad del Estado e invadiendo el papel de la sociedad civil, lo que, paulatinamente ocasionó el desgaste de esas estructuras y su descrédito se hizo público[5]. Las directivas de los partidos mayoritarios -conocidas popularmente como “cogollos”- y en particular el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática y el Comité Directivo Nacional (CDN) de COPEI, siempre con las excepciones de serios dirigentes, mostraban su soberbia y desdén al momento de formular posiciones públicas, como si se tratara de dioses de un Olimpo de pacotilla en el que cada uno tenía una cuota de poder con facultad para levantar el teléfono desde su oficina en la sede del partido y dar instrucciones a un ministro, a un magistrado o a un congresista, y hasta  a funcionarios de menor rango[6].

2. La Constitución de 1999, preñada de frases edulcoradas y engañosas a lo largo de su texto, proclamó en el artículo 67 que todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección, por lo que los partidos tradicionales y los hasta ese momento inscritos legalmente, aunque disminuidos, siguieron funcionando a la par que surgieron algunos nuevos como Primero Justicia y Voluntad Popular; y, por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que abarcó a distintos grupos que habían apoyado al candidato presidencial y posterior Presidente de la República, Hugo Chávez, quien lo tildaba de partido único[7].

Mientras ese proceso aparentaba navegar entre olas, tras bambalinas el sumiso y dócil Consejo Nacional Electoral, a las órdenes del Ejecutivo Nacional, y siguiendo las directrices del secuestrado Tribunal Supremo de Justicia, iba  limitando arbitrariamente los requisitos de funcionamiento de las asociaciones políticas llegando al extremo de dar  de baja a algunas de ellas, reduciéndolas a 17 formaciones[8], todo bajo  las directrices cubanas para crear el “mar de la felicidad”, como propugnaba el fallecido expresidente e impulsa el Presidente Nicolás Maduro[9].

Como se observa, en ambas Constituciones privó en los constituyentes el ánimo de que en la democracia funcionaran las formaciones políticas a través de métodos democráticos, pero el resultado idealmente plasmado por ellos, ha sido nefasto. En efecto, en los años 60´s, como se vio, dos organizaciones intentaron acabar con el sistema  acudiendo a la lucha armada e irrumpiendo contra el gobierno constitucional de Rómulo Betancourt; y a partir de 1999, cuando se promulga la nueva Constitución, la destrucción del Estado de Derecho ha sido sistemática y continua[10].

3. Ante estas circunstancias, y la necesidad de restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, y habida cuenta de la importancia del rol que ejercen los partidos políticos, luce apropiado introducir una reforma – en la Constitución de 1999 que impida que las organizaciones con vocación y prácticas anti democráticas no puedan participar como formaciones políticas legalmente constituidas. Para ello, bastaría un simple análisis de la evolución constitucional venezolana para confirmar que en la Constitución de 1928 -apañada por la dictadura del general J. V. Gómez- en el inciso 6º del artículo 32, prohibía la propaganda comunista, anarquista o la destinada a subvertir el orden político y social.

Disposición similar contenía la Constitución de 1936, promulgada al inicio del mandato presidencial del general Eleazar López Contreras, que no sólo prohibía la propaganda comunista, anarquista o la destinada a subvertir el orden político y social, sino que autorizaba al Ejecutivo en todo momento, sin necesidad de que estuvieran suspendidas las garantías constitucionales, para impedir la entrada al territorio de la República o expulsar de él (por un plazo de seis meses a un año si se tratara de venezolanos o por tiempo indefinido si fueran extranjeros) a los individuos afiliados a cualquiera de las doctrinas antedichas, cuando lo considere conveniente para el orden público y la paz social[11].

Estos principios fueron desarrollados -y ampliados  subrepticiamente- por la “Ley para garantizar el orden  público y los derechos individuales” de 18 de junio de 1936 (conocida popularmente como la Ley Lara), la que establecía penas de prisión por hacer

[ … ] propaganda  a favor de la abolición de la propiedad  privada, lucha de clases, incitación de los obreros contra los patronos, extinción de la familia, desconocimiento de la ley, dictadura del proletariado; así como las doctrinas o métodos que abarquen el ideal comunista, anarquista o terrorista.

De estos antecedentes se deduce que el Estado de Derecho emergente que comenzaba a dibujarse bajo la férrea mano dictatorial de Gómez buscaba  construir un Estado nacional[12], en el cual no tenían cabida quienes sostuvieran las ideas proscritas,  a todas luces totalitarias como las que al momento y por mucho tiempo más rigieran en la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Por ello, y en base a lo expuesto, se propone una norma que exprese que

Se prohíbe el funcionamiento y legalización de grupos o asociaciones políticas de tendencia o  propulsores de ideas militaristas, comunistas, anarquistas, nazistas, fascistas o las destinadas a subvertir el orden político y social o que alienten ideas separatistas o soberanistas[13] que conduzcan a la destrucción del Estado de Derecho. Las organizaciones no gubernamentales que promuevan esas ideas se limitarán a discutirlas, analizarlas y podrán difundirlas sin que para ello puedan hacer uso de propaganda o medios de comunicación que sean considerados como de transmisión pública, incluyendo los electrónicos.

La ley desarrollará y regulará los principios que garanticen el funcionamiento y legalización de esas organizaciones.

4. Como se observa, una disposición de esta naturaleza constituiría un elemento de defensa del Estado de Derecho porque impediría que aquellos individuos o entidades que preconizan su destrucción, como los que se identifican claramente en la norma constitucional de 1936, se infiltraran dentro de las instituciones democráticas para buscar su aniquilación aunque, como dice una autorizada opinión[14],

 [ … ] en política no hay leyes perfectas: incluso las mejores estrategias pueden fallar.

5. Con la propuesta que antecede no se está de manera alguna favoreciendo una tesis que propugne la limitación de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de 1999. Solamente se trata de una propuesta que evitaría que, en el futuro, el Estado de Derecho sea destruido desde adentro, como ha sucedido en Venezuela desde 1999, desde sus propias instituciones.

Steven Levitsky[15], afirma que:

De hecho, lo común hoy en día es que el colapso de las democracias sea resultado de un proceso gradual, a veces silencioso, en el cual las propias instituciones de la democracia son empleadas para desmantelarla y así imponer un régimen dictatorial. Las democracias mueren, entonces, en manos de las propias instituciones llamadas a protegerla. Sobre todo cuando la democracia permite la elección de un líder populista que, una vez en el poder, subvierte los controles de la democracia liberal para imponer un régimen autocrático.

El Estado de Derecho en Venezuela ha sido destruido desde adentro, y por ello en su proceso de restauración -o de construcción, porque abarca también rescatar los cimientos morales- hay que crear normas que impidan definitivamente que sus enemigos se introduzcan calladamente y, luego de instaurado un nuevo Estado de Derecho, repitan su hazaña de demolición para crear un Estado de terror[16] que, como el actual venezolano, ameritaría de una ayuda humanitaria.

Carlos J. Sarmiento Sosa.


Referencias:

Brewer C., Allan R. (2015). La destrucción de la institución municipal en Venezuela, en nombre de una supuesta “participación protagónica” del pueblo.

[1] La Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por los magistrados J. M Padilla Hernández, Alejandro  M. Osorio, Miguel Angel Landáez , José Gabriel Sarmiento Núñez y Saúl Ron Troconis. Estos dos últimos salvaron sus votos.

[2] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. El desempeño del sistema judicial venezolano en el marco histórico 1810-2010. EJV, Caracas, 2015.

[3] Sobre el comportamiento democrático habría que considerar la situación de los dirigentes del PCV y del MIR. Por un lado, los viejos dirigentes del PCV, cansados en su mayoría de su larga lucha política, optaron por el retiro, y otros abandonaron las filas del partido entendiendo que tenían que adaptarse al juego democrático, mientras la formación pasaba a jugar un papel con poca influencia, por lo menos hasta el momento en que dan el apoyo en 1998 a Hugo Chávez y desde cuando tienen una mínima cuota de poder que les permite vivir con cierta comodidad; y con respecto al MIR, con dirigentes más jóvenes, prácticamente disolvieron la organización y se unieron al juego democrático.

[4] Véase: Brewer C., Allan R. Problemas del Estado de Partidos. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988. Véase: Gladys Villarroel. Las representaciones políticas del venezolano. Un estudio sobre culturas políticas. Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Colección Estudios. 2001.

[5] Véase: Juan Carlos Rey. www.academy.edu. Numerosos son los trabajos del profesor Rey sobre el papel de los partidos políticos en Venezuela. En particular, véase Esplendores y miserias de los partidos políticos en la historia del pensamiento venezolano. Disponible en Academia.edu.

[6] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. Meditaciones en blanco y negro.

[7] Véase: Hugo Chàvez. Discurso sobre el partido único. 21 de diciembre de 2006.  

[8] Véase: Eugenio Martínez. Sobre la ilegalización de partidos en Venezuela. Prodavinci

[9] Véase: Akifrases.com. Véase también: Vladimir Gessen: Chávez y Maduro lograron “Mar de Felicidad” de Cuba en Venezuela.

[10] Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. LA DESTRUCCION PAULATINA DEL ESTADO DE DERECHO A TRAVÉS DEL COLABORACIONISMO DE PODERES. REFLEXIONES A PRIMEROS DE JUNIO 2016.  Véase: Allan Brewer-Carías. LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, LA RUINA DE LA DEMOCRACIA Y LA DICTADURA JUDICIAL,  Véase: Allan Brewer-Carías. DICTADURA JUDICIAL Y PERVERSION DEL ESTADO DE DERECHO.

[11] Véase: Juan Carlos Rey en Academia.edu.

[12] Véase: Arturo Uslar Pietri. Entrevista. En Rafael Arraiz Lucca. Venezolanos excepcionales. Colección Rafael Arráiz Lucca.  Editorial ALFA. Para Uslar, los generales Cipriano Castro, J. V. Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, todos ex Presidentes, tuvieron por meta la construcción de un Estado nacional, según lo expresa en la citada entrevista.

[13] Es público y notorio que los soberanistas catalanes han intentado destruir el Estado de Derecho de España promoviendo la creación de la República de Cataluña desde las propias instituciones del Estado español, lo que ha obligado al sistema judicial a intervenir y procesar a algunos de los promotores. Véase: Diario ABC

 Y en Venezuela, cualquier “cantamañanas” podría iniciar un movimiento pro separación de alguna o algunas regiones del país, atentando contra el Estado de Derecho.

[14] Véase: Steven Levitsky: La democracia en Venezuela está muerta. ENTREVISTA Por José Ignacio Hernández

[15] Véase: Levitsky: La democracia en Venezuela está muerta. Mencionada en nota 14.

[16] Véase: Luisa Ortega Díaz. Aquí no hay Estado de Derecho, hay Estado de terror. Diario El Nacional. Declaraciones 20-06-2017.

 

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